Condenan a un año de prisión a una mujer por hacer desaparecer bienes de su patrimonio para frustrar el cumplimiento de su obligación alimentaria

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La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a la pena de un año de prisión en suspenso a una mujer acusada de hacer desaparecer maliciosamente bienes de su patrimonio, para eludir el cumplimiento de su obligación alimentaria con su hijo, que en ese momento tenía 16 años de edad y padece una severa discapacidad mental y motora.

En el caso “A., L. D. y otros s/2 bis LN 13944 - LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)”, la Fiscalía y la querella afirmaron que la venta del 50% indiviso de un inmueble y el reconocimiento de deuda seguido de una dación en pago de otra propiedad, ambos a favor su hermana, fueron realizados para frustrar el pago de su obligación alimentaria.

Además, el fiscal comparó las enajenaciones con el trámite del expediente civil y dijo que fueron decididas estratégicamente. La primera fue dentro de los cinco meses, entre la interposición de la demanda del hijo y la fijación de alimentos provisorios, y la segunda luego de que la Cámara Civil confirmó la fijación de la cuota de alimentos provisorios y el juez adelantó que haría lugar a la solicitud de embargo, acto previo a la fijación de alimentos definitivos y que previsiblemente la condenarían en forma retroactiva.

Para la defensa, el objetivo de esas operaciones era obtener liquidez para solventar los gastos de vida y saldar “una deuda económica y moral” que la imputada tenía con su hermana.

La magistrada María Correa remarcó que no se incorporó ninguna constancia o se ha escuchado a algún profesional que describa la situación médica de A. o la patología que transitó o transita. Las solas referencias a internaciones, aparentemente dos a lo largo de su vida, una cuando tenía unos 25 años de edad y otra hace unos tres años atrás, sin precisión de año, lugar, duración y diagnóstico, no permiten tener una visión global de su situación de vida.

La sola referencia a problemas de salud mental sin ninguna otra probanza que permita establecer sus características, gravedad e influencia en los hechos posteriores, no es suficiente en este tipo de procesos y deja trunca la posibilidad de considerarlos al momento de hacer una evaluación general de la situación”, agregó.

Con la cuestión económico-laboral de la acusada, remarcó que ninguna de las partes aportó pruebas para acreditarla.

No se incorporó como prueba ni un informe de AFIP, ANSES, Banco Central, Nosis, Veraz u otro similar para demostrar cómo fue la situación laboral y económica de A. hasta el presente, su desarrollo y evolución y cómo esto habría influido en la toma de decisiones”, enfatizó la jueza.

Con respecto al origen de la obligación alimentaria, señaló que el art. 638 del Código Civil y Comercial establece que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, encontrándose entre ellas el “cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo... considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo” (art. 646) y esencialmente que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos (art. 658).

La obligación alimentaria de A. con T. siempre existió, no hubo momento en estos veintidós años de vida que la haya perdido. Sí es cierto que hubo un período en que C. asumió el cuidado y gastos, pero eso de manera alguna la eximió de toda su responsabilidad parental hasta que un juez civil estableció que debía pagar la cuota de alimentos y la Cámara de Apelaciones confirmó ese fallo como pretende hacer valer la  Defensa, llevando la fecha de obligación al 5 de agosto de 2014”, remarcó.

Para la jueza, el mencionado hecho encuadra en el delito contenido en el art. 2 bis de la ley 13.944, que establece: "Será reprimido con pena de uno a seis años de prisión, el que con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor y de esta manera frustrare, en todo o en parte el cumplimiento de dichas obligaciones".

En este punto, explicó que la figura legal descripta por el art. 2 bis de la Ley 13.944 se perfecciona “cuando se frustra el cumplimiento de la obligación alimentaria, lo cual sucede en el momento en que el deudor, por alguno de los medios típicos, impide que se concrete la posibilidad que tiene el acreedor alimentario de acceder al patrimonio de aquél mediante alguna vía judicial” y remarcó que “insolventarse no es la conducta prevista en el tipo, sino que es la de frustrar”.

Si bien la magistrada observó que existe libertad para disponer de los bienes y que así surge de la Constitución Nacional y las leyes, afirmó que “existe un evidente conflicto de intereses y debe resolverse en favor de los bienes jurídicos que resultan lesionados y son los que la ley 13.944 protege

Aseguró, en ese sentido, que “tanto las ventas como la dación se hicieron con el objeto de perjudicar a terceros, en este caso a su propio hijo”.

Y remarcó que “se tratarían de actos simulados, sin que resulte indispensable su declaración previa en sede civil para considerarlos como los medios comisivos que permitan la configuración de la figura penal en cuestión”.

Difícil considerar que realizó estos actos suponiendo que (el padre) siempre iba a responder o que su obligación iba a terminar”, agregó.

Al momento de considerar la sanción, se tuvo en cuenta que la acusada tiene en la actualidad un régimen compartido con su exesposo en el cuidado de su hijo y que abonaba la cuota de alimentos fijada en el expediente civil, así como también que estuvo a derecho durante todo el proceso.

De esta forma, se aplicó el mínimo legal y se dejó su cumplimiento en suspenso, considerando que era la primera condena y que no excede de los tres años de prisión.

En el artículo “El incumplimiento de la cuota de alimentos (con especial referencia a la insolvencia alimentaria fraudulenta)”, publicado en Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, Fabián Faraoni y Susana Squizzato explicaron que, respecto de las maniobras comisivas del artículo 2 bis de la ley 13944, “tal enunciación es de carácter taxativo como consecuencia de la prohibición de ampliar analógicamente la ley penal, por ello, si con malicia se efectúa algún artilugio no descripto en la norma y con aquel se logra igual objetivo, es decir, la disminución del patrimonio de modo de no poder cumplir con todo o parte de la obligación alimentaria, tal conducta no quedará atrapada por este cuño legal”.

Se ha planteado la cuestión referida a si este tipo penal se erige en una figura agravada de los delitos previstos en los artículos 1 y 2 de la ley 13944 o si constituye un delito autónomo.

La figura de la insolvencia fraudulenta amplía sustancialmente el bien jurídicamente protegido por la ley 13.944, llevándolo desde el originario -la familia- acotado a la provisión de alimentos imprescindibles para la subsistencia del alimentado, hacia la incolumidad del régimen patrimonial matrimonial, ante eventuales maniobras típicas de los sujetos interesados que tengan por finalidad disminuir o frustrar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones alimentarias. Así, mientras que en el caso de los artículos 1 y 2 lo que se sanciona es el simple incumplimiento, el artículo 2 bis conmina a quien lo hiciera mediante la disminución del valor de su patrimonio”, enfatizaron.

El elemento subjetivo de la insolvencia alimentaria fraudulenta y el resultado o consecuencia de la acción vincula inescindiblemente a este tipo especial con el genérico previsto en los artículos 1 y 2 de la ley 13.944, pues el comportamiento incriminado consiste en la frustración, en todo o en parte, del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, agregaron los expertos.

Y concluyeron señalando que “no puede escindirse el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar de su correspondiente agravante, la insolvencia alimentaria fraudulenta, en virtud de que la ley 24029 incorporó al texto de la ley 13944, de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la figura de insolvencia fraudulenta; en dicho contexto, debe entenderse como agravante del tipo básico previsto en dicha ley”.

Fuente: Erreius