Disponen la extracción compulsiva de sangre de un imputado porque resulta necesaria para resolver la causa

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En la causa C., P. E. s/ abuso sexual. Extracción compulsiva de sangre”, la defensa planteó que la medida ordenada no respetaba el art. 218 bis del CPPN, ya que resultaba innecesaria, irrazonable y desproporcionada, que no se condice con la finalidad buscada y con el hecho atribuido dado que no es posible suponer la existencia de penetración.

También aseveró que el contacto sexual no es el único medio de contagio de sífilis y destacó la situación de vulnerabilidad de la menor.

Los jueces Ricardo Matías Pinto y Rodolfo Pociello Argerich explicaron que se presenta en el caso "una tensión entre la afectación, por un lado, a la garantía de defensa en juicio y autoincriminación planteada por la defensa y, por el otro, el deber por parte del Estado de adoptar la debida diligencia en la adopción de las medidas que tiendan al descubrimiento de la verdad y a la protección de la salud de la víctima menor de edad vulnerable por sus especiales características".

Para la Cámara, si bien la medida dispuesta importa un ingreso a la esfera de intimidad y privacidad del imputado, ello no puede constituir un obstáculo para el avance de la investigación siempre que se supere el juicio de proporcionalidad que debe ser observado para cualquier medida que suponga una injerencia en los derechos de la parte imputada y que la extracción se realice de la forma menos invasiva posible.

En este punto, entendieron que la medida ordenada "resulta necesaria, razonable y proporcional" ya que es el medio idóneo para obtener un dato objetivo que permita una adecuada reconstrucción de los hechos frente a la imposibilidad, al menos de momento, de obtener un testimonio de la víctima menor de edad, a quien se le detectó dicha enfermedad.

 

 

En ese sentido, agregaron que "la extracción de sangre compulsiva dispuesta resulta necesaria y razonable si se atiende a la circunstancia de que se investiga en autos un hecho sumamente grave que tuvo por damnificada a una menor de edad que padece un retraso madurativo, que se encuentra en estado de vulnerabilidad y que por sus condiciones psicológicas no fue posible evaluar su testimonio en cámara Gesell".

Destacaron también la importancia de ponderar la cuestión a la luz del interés superior del niño y bajo el prisma de la Convención Sobre los Derechos del Niño y de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378).

Finalmente, resaltaron que "al presentarse un caso de violencia contra una mujer, el Tribunal ha sostenido en reiterados precedentes que se tiene que aplicar la debida diligencia por parte de los órganos estatales para investigar y juzgar estos episodios con los máximos esfuerzos".

Con respecto a la alegada violación de la garantía constitucional de autoincriminación, los jueces indicaron que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “no se encuentra afectada en los supuestos en que la medida de extracción de sangre no implique un menoscabo a la salud o integridad corporal de la parte imputada, que guarde relación directa con el objeto procesal del sumario y sea conducente para el esclarecimiento de los hechos”.

Por lo tanto, se debe "agotar todas las medidas de pruebas que permitan una adecuada reconstrucción de los hechos materia de investigación y de la individualización de su autor".

En el artículo “Extracción compulsiva de sangre del imputado. ¿Existe una afectación de derechos y garantías constitucionales? Corrientes a favor y en contra”, publicado en Erreius online, Natalia Stargard, señaló que “lo medular del asunto tratado está dado por la forma y la legitimidad de la medida dispuesta en forma forzosa cuando opera la negativa del acusado si se vulnera efectivamente su integridad corporal, su ámbito de intimidad, las garantías del debido proceso, de la no autoincriminación, entre otras, y el hecho de querer develar la verdad en el marco de una pesquisa”.

“El debate efectivamente existe, por lo que cabe preguntarse cuál es la solución frente al dilema planteado (intereses suscitados entre el imputado y el Estado). Una respuesta podría ser que ninguna de las partes vea afectados sus derechos, pero es razonable la idea (y no por eso debe ser compartida) de que ello no es posible”, agregó.

Precisamente aquellos que se enrolan en la tesis negativa afirman que el medio de prueba coactivo que hemos visto indefectiblemente avasalla derechos y garantías. Sin embargo, la especialista indicó que “resulta factible la realización de la extracción hemática por la fuerza cuando se dan determinadas circunstancias y el caso lo justifique”.

“Es cierto que la medida de esta naturaleza implica una cierta invasión al cuerpo, por ello debe ser excepcional y limitada y tiene que realizarse con el debido resguardo a la integridad física y decoro de la persona”, agregó.

En este punto, señaló que “hay que tener en consideración que, cuando existen sobrados indicadores que establecen que solamente el dosaje hemático permitiría alcanzar la verdad de lo ocurrido, que no hay otro medio para arribar a idéntico fin, y se den las características de razonabilidad y proporcionalidad, se verifica razonable autorizar la prueba de carácter forzoso”.

La decisión de un actuar compulsivo, circunscripto a la forma menos lesiva a la integridad física, encuentra justificación en tanto y en cuanto se den los elementos mencionados.

La duda es la que acompaña la investigación y, para alcanzar el camino de la verdad, existe el medio técnico, pero este no es total, pues se encuentra limitado por las reglas de legitimidad, agregó.

Precisamente, para solventar estas dudas en torno a circunstancias fácticas en el marco de una pesquisa, deben reunirse elementos de prueba que tras ser valorados a la luz de la sana crítica permitan alcanzar conclusiones y arribar a decisiones.

“La coactiva medida probatoria no afecta la intimidad genética en el ámbito de su dignidad y tampoco se ve vulnerada la incoercibilidad del sometido a proceso protegida por el derecho que tiene a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Ello así, pues no se pretende su autoincriminación sino que actúe como objeto de una prueba pericial, remarcó.

El imputado no puede resistirse a la realización de la medida, pues debe operar el llamado “deber de tolerancia” respecto de la intervención que habrá de ordenarse sobre su cuerpo.

Finalmente, señaló que “la prueba se justificará cuando resulte útil y sumamente necesaria a los fines de esclarecer los hechos materia de investigación y se cumplan los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que indudablemente deben estar presentes en el caso. No debemos olvidar que, al practicarla, tendrá que respetarse el pudor del imputado, no deberá ser humillante ni degradante, ni implicar un riesgo para su salud”.

 

 

Fuente: Erreius