OPINION

Aborto: esta semana ingresan los proyectos para comenzar el debate sobre su despenalización

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Este martes  se volverá a presentar en el Congreso el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Esto sucederá poco menos de una semana después de que el presidente Mauricio Macri destacara que es un tema que debe comenzar a debatirse a nivel legislativo.

La propuesta de la Campaña, que entrará por la Cámara de Diputados, se presenta cada dos años desde el 2007, pero nunca estuvo ni siquiera cerca de comenzar a ser analizada dentro de las comisiones.

Entre otros puntos, permite la interrupción del embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.

Además, esa práctica podrá realizarse en cualquiera de los servicios del sistema de salud (hospital público, obras sociales y prepagas), en un plazo máximo de 5 días desde que la gestante lo requiera, y no necesitará autorización judicial previa.

 

Otros puntos del proyecto

De acuerdo a la iniciativa, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

1. Si fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente.

2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.

3. Si existieren malformaciones fetales graves.

La propuesta parlamentaria destaca que “antes de realizarse esta intervención, la mujer deberá firmar una planilla donde brinde su consentimiento informado (en el que declara conocer las consecuencias y los riesgos de la práctica a la que se someterá)”.

Luego, realiza una distinción entre las pacientes menores de edad, mujeres con capacidad restringida o declaradas incapaces judicialmente, señalando que:

- En el caso de las adolescentes, entre los 13 y los 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir y prestar el consentimiento para que se les efectúe esta práctica.

- En las mayores de 16 años, se considerará que tienen plena capacidad para ejercer los derechos que otorgaría la ley.

- Si la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) debe practicarse en una menor de 13 años, se requerirá su consentimiento y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.

- Si se tratase de una persona con capacidad restringida y su incapacidad no tiene relación con el ejercicio del derecho al aborto, podrá prestar su consentimiento informado requiriendo, si lo desea, la asistencia del sistema de apoyos (anteriormente denominados “curadores”) previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

- Si es una persona declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal, o ante la falta o ausencia de este, la de un allegado.

Quedan incluidas en esta ley las personas con capacidad de gestar de acuerdo a lo normado en la ley de identidad de género.

 

La propuesta del oficialismo

Por su parte, Cambiemos presentará en los próximos días su propio proyecto, que apunta a reformar el Código Penal para que el artículo 86 estipule: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible cuando la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”.

Además, en línea con el fallo “F. A. L.” de la Corte Suprema de Justicia, sobre protocolos de aborto no punible, se busca establecer requisitos mínimos para la aplicación de estos mecanismos, amparándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional y sin violar -según sostiene- las autonomías provinciales.

El Código Penal vigente despenaliza el aborto cuando se trata de un caso de embarazo producto de una violación o de un atentado al pudor de una mujer demente o idiota, o cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer.

Pero, en 2012, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el caso “F. A. L”, que trataba de una adolescente que había quedado embarazada luego de ser abusada por su padrastro, en el que sostiene:

a. Que el caso previsto en el artículo 86, inciso 2), debe interpretarse como comprendiendo toda violación, ya sea que se trate de una mujer idiota o demente o de cualquier mujer.

b. Que no hace falta autorización judicial para la realización del aborto en tal caso.

c. Que no se necesita ningún tipo de prueba de la violación, bastando una mera declaración jurada.

d. Que se deben dictar protocolos para la realización de estos abortos no punibles en todo el país, que contemplen la objeción de conciencia de los profesionales pero que obliguen a todas las instituciones de salud a dar cumplimiento a estos supuestos.

Sobre este tema, dos reconocidos especialistas adelantan sus opiniones, que serán publicadas en Temas de Derecho Civil de Erreius del mes de abril.

 

A favor de la despenalización

La especialista Lily Flah consideró que “el acceso al aborto seguro forma parte de las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer decisiones sobre su propia fecundidad, libres de violencia o imposiciones”.

En tanto, “el aborto inseguro plantea un problema de equidad y justicia social, porque los riesgos de complicaciones o, aun, el saldo mortal producto de prácticas clandestinas y riesgosas incide principalmente en sectores vulnerables, debido a falta de recursos e información”.

Luego, señaló que “el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son los principales órganos de la ONU expertos en supervisar e interpretar el derecho a la salud, han hecho notar con preocupación la relación entre las leyes que restringen el aborto, el aborto clandestino y los riesgos para la vida de las mujeres”.

De ahí que han recomendado la revisión o enmienda de las leyes que penalizan o restringen el aborto”, destacó la reconocida doctrinaria.

Estas observaciones -agregó-, articuladas con la normativa vigente, en especial la que deriva de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), así como la previsión de legislar y promover medidas de acción positiva consagrada por el inciso 23 del mismo artículo, permiten asegurar que esa legislación futura que despenalice y legalice la IVE es constitucional.

Es absolutamente necesaria una discusión abierta e informada para poner fin a la injusticia de las causas y consecuencias del aborto inseguro y lograr el aborto legal, seguro y gratuito”, concluyó Flah, cuyo artículo completo se podrá leer a partir del mes próximo en la revista Temas de Derecho Civil, de Erreius.

 

En contra de la iniciativa

Me parece bien que exista un amplio y respetuoso debate sobre el aborto, sin fanatismos y con la mente abierta a todas las opiniones”, indicó el abogado Eduardo Sambrizzi. 

Para el mencionado especialista, “se deben prevenir los embarazos no deseados, y respetar, ayudar y atender a las madres que no quieren o no pueden criar a sus hijos, pero ello -que es ciertamente relevante- se halla muy alejado de aprobar una legislación que permita matar al ser humano cuando se halla en el vientre de su madre, cosa que, en todo caso, no legitimaría dicha práctica, en el sentido verdadero de la palabra”.

Y aunque existiera “conflicto entre los derechos e intereses de los niños… frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”, como establece expresamente el artículo 3 de la ley 26.061, agregó.

Para ratificar su postura en contra de este proyecto, Sambrizzi consideró que “el Estado nunca debe involucrarse en la eliminación de seres humanos inocentes, ya que su verdadera obligación es la de garantizar su interés superior y supervivencia”.

De acuerdo al experto, “las normas de cualquier nivel que se sancionen a nivel nacional o provincial que autoricen la muerte provocada de modo directo de una persona inocente carecen de validez constitucional, lo que es así mientras no sea reformada la Constitución Nacional, resultando irrelevante que los afectados tengan unas horas, una semana o tres meses de gestación, un año u ochenta años de vida, pues todas las personas, desde su concepción, tienen el mismo derecho a la vida”.