Embargan provisoriamente parte del sueldo de un hombre y lo enmarcan en un caso de violencia de género

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El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de un caso de violencia de género, hizo lugar al pedido de embargo de un porcentaje del sueldo bruto de un hombre que incumplió con sus obligaciones alimentarias hacia su hija menor de edad.

En el expediente “XX s/incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, se le imputó que, durante un largo período de tiempo, no ayudó a cubrir las necesidades básicas de la niña, tales como manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, menesteres que debió afrontar de manera exclusiva la referida madre

En la audiencia, la fiscal requirió -cautelarmente- el embargo del 30% mensual del sueldo del imputado provisoriamente hasta el dictado de la sentencia definitiva y señaló que, además, se debía cubrir el pago máximo de la pena prevista para el delito que se atribuía al imputado ($25.000).

Ello, con fundamento en que el acusado tiene un trabajo registrado y cuenta con una obra social.

La funcionaria invocó la Convención de “Belem Do Para”, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño.

Además, la reciente reforma legislativa introdujo en el sistema procesal penal de la Ciudad de Buenos Aires el art. 174 bis, que dispone que “si los hechos denunciados se dieran en un contexto de violencia contra la mujer y, además, existieren razones objetivas para suponer que se encuentra en riesgo la salud o la integridad física o psíquica de la mujer víctima, el/la Fiscal, fundadamente podrá solicitar al/la Juez/a ordenar las medidas dispuestas en el artículo 174 o las medidas preventivas urgentes previstas en el art. 26, inc. a) y b) en la Ley 26.485”.

En función de ello, consideró que resultaba procedente regular los alimentos de manera provisoria hasta tanto tome intervención el magistrado con competencia especial, con la finalidad de cubrir los gastos y necesidades indispensables.

En tanto, la defensa se opuso a la aplicación de la medida cautelar, cuestionando que el caso pudiera ser enmarcado en un contexto de violencia de género, ya que la denunciante no había acreditado su dependencia económica respecto del imputado y que no había presentado una acción civil.

 

Para el juzgado se cumplían las hipótesis según las cuales resultaba procedente el embargo. Es decir, había una necesidad de asegurar el cumplimiento de la pena pecuniaria al imputado en caso de recaer condena, como así también de garantizar la reparación del daño causado por el delito y/o la indemnización civil derivada de la deuda alimentaria que pudieran surgir de aplicarse alguna salida alternativa al juicio.

Para llegar a esta conclusión, el magistrado tuvo en cuenta las previsiones normativas y convencionales reseñadas con anterioridad, dentro de un caso con perspectiva de género y de niñez.

“Aun cuando la querellante no promoviera la acción civil, de todas maneras en el marco del proceso penal se pueden verificar otras instancias de reparación que no necesariamente confluyen con la indemnización civil, siendo un ejemplo de esta posibilidad la exigencia de formular un ofrecimiento en dicho concepto entre las normas que regulan el instituto de la suspensión del proceso a prueba”, señaló el juez

Luego agregó que “la normativa internacional no exige que se acredite una relación de ‘dependencia’ económica para que se pueda sostener la configuración de violencia de tipo económico, sino que requiere que la mujer vea menoscabados sus recursos económicos a través de la limitación de los medios indispensables para vivir, lo que en principio se configuraría en el caso, ya que sería la denunciante quien debería afrontar de forma exclusiva con sus escasos recursos económicos la totalidad de los gastos inherentes a la manutención de su hija, asumiendo individualmente todas las privaciones que dicho esfuerzo económico le significaría”.

Teniendo en cuenta que se está ante la hipótesis de una deuda alimentaria, para el magistrado era aplicable la excepción a la inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil previsto por los artículos 120 y 147 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Es que en este caso, tanto la hija del imputado, como su madre, estarían sufriendo serias privaciones como consecuencia directa de su presunto accionar, lo que ponía en riesgo la salud y la integridad de ellas, en su faz física, mental, espiritual, moral y social.

Luis E. Romero, en el artículo “Tres novedosas alternativas frente al incumplimiento del pago de alimentos”, publicado en Erreius online, explicó que “los alimentos no son una obligación dineraria más. No son un impuesto o una tasa que puede omitirse su pago”.

“Es muy novedoso también leer el incumplimiento alimentario como un caso de violencia económica”, remarcó el especialista.

De esta manera, según Romero, “se refuerza aún más la necesidad de que el Estado aplique las medidas necesarias para su cumplimiento, dado que el incumplimiento de la cuota alimentaria puede configurar, además de la violación de un derecho elemental básico de los niños, un caso de violencia de género”.

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Fuente: Erreius