Ordenan reducir una cuota alimentaria porque el padre sufrió una incapacidad laboral

Imagen del articulo

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la provincia de Salta hizo lugar a un incidente de disminución de cuota alimentaria solicitada por el padre de dos menores de edad que había sufrido una enfermedad tiempo después de firmar el acuerdo, y ordenó bajarla del 50% al 30% de sus haberes.

De acuerdo a las pruebas producidas, poco tiempo después de acordar el porcentaje de alimentos, el obligado padeció una discapacidad laboral que le impidió generar distintos ingresos, por lo que presentó un incidente de reducción, que le fue avalado en primera instancia.

La mujer demandada apeló esa resolución por entender que el fallo no resultaba ajustado a derecho, ya que se redujo un monto establecido de común acuerdo y se afectó el interés superior de los menores.

Además, adujo ser ella quien asume el cuidado personal de los niños la mayor parte del día, porque su expareja realiza trabajos en forma independiente con disponibilidad horaria irregular. En ese punto, expresó que lo que estaba percibiendo como cuota alimentaria no le alcanzaba para afrontar todos los gastos del hogar y las necesidades de sus hijos.

El hombre se defendió argumentando que padece una afección crónica que lo coloca en una situación de desigualdad laboral pues, además de los dolores y las limitaciones generadas por dicha patología, debe sumársele su edad (60 años), lo que dificulta aún más el acceso al mercado laboral.

Esa situación, destacó, lo obligaba a conformarse con la posibilidad de obtener trabajos esporádicos y poco remunerados. Y alegó que tales circunstancias le impedían aportar recursos económicos extra y lo afectan de tal manera que no le alcanza el dinero -luego de deducida la cuota alimentaria- para vivir dignamente.

“La obligación alimentaria a cargo de los progenitores tiene fundamento directo en los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental, y su satisfacción recae sobre ambos de manera conjunta, estableciéndose como regla general que dicho deber se brinda ‘conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos’ (art. 658 del Cód. Civ. y Com. de la Nación) y según las necesidades de los hijos”, comenzaron explicando los jueces Adriana Rodríguez de López Mirau y Ricardo Casali Rey.

Luego agregaron que “la determinación de la mentada obligación debe resultar acorde a los ingresos del alimentante y su situación personal, pero también a las necesidades básicas del alimentado, de manera tal que permita un equilibrio, evitándose la injusta subsistencia de una prestación mínima que sea insuficiente para costear tales necesidades”.

Asimismo, destacaron que “la referida fijación tiene carácter absolutamente mutable y tanto la sentencia que establece alimentos como los acuerdos a  los que pudieran arribar las partes en ese sentido no causan estado, y son susceptibles de revisión ante la variación de las circunstancias de hecho tenidas en cuenta al momento de esa determinación”.

En ese caso quedó plasmado que, tras la firma del convenio de alimentos, la condición del padre de los niños varió y que su capacidad laboral resultó disminuida. Los miembros de la Sala I de la Cámara también tuvieron en cuenta que la diferencia de edad existente entre los progenitores (26 años) devenía como significativa al momento de valorar las condiciones específicas de cada uno de ellos.

También se tuvo en cuenta que “la mujer, al ser una persona bastante más joven que su expareja, tiene mayores posibilidades de acceder al mercado laboral y de generar mayores o mejores ingresos a fin de cumplimentar con el deber alimentario que, sin perjuicio de saber que se encuentra en cabeza de ambos progenitores, permita satisfacer las necesidades de manutención de los hijos menores”.

Para los magistrados, también se trataba de visibilizar y darle valor económico a las tareas de cuidado que el hombre realiza sobre los menores (incluyendo otra hija menor de edad de su exmujer). Por ese motivo, confirmaron la sentencia de primera instancia.

Marina Crespín, colaboradora de Erreius, explicó que “a los fines de estimar el monto adecuado de la cuota alimentaria, son las múltiples circunstancias atinentes a las necesidades del reclamante y también a las necesidades del propio alimentante las que, en cada caso, deben ser analizadas con prudente criterio por el juez”.

De acuerdo con la especialista, “el magistrado no puede apartarse de la realidad, tanto respecto de las necesidades a atender como de las posibilidades del alimentante”.

“Al establecerse el monto de la prestación alimentaria se deben equilibrar -prudencial y equitativamente- las necesidades de los hijos, las posibilidades del alimentante y la severidad del deber alimentario que deriva de la responsabilidad parental, con la prevención de que no es ajustado a derecho escatimar esfuerzos o medios que conduzcan al pleno cumplimiento de los compromisos que tienen los progenitores por su condición de tales”, agregó la colaboradora de Erreius.

A los fines de determinar una suma razonable en concepto de alimentos, corresponde ponderar no solo los ingresos nominales del alimentante, sino también su capital, la condición social y modalidades de vida de las partes, entre otros parámetros.

Acceda al fallo aquí

Fuente Erreius