Condenan a un médico y un hospital por mala praxis en la atención de una embarazada

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El Supremo Tribunal de Justicia del Chaco confirmó una condena a un médico, a un hospital público y al Estado provincial por la deficiente atención médica recibida por una mujer que cursaba un embarazo de alto riesgo y que tuvo como consecuencia el fallecimiento del bebé recién nacido.

En el caso “O. M. D. C. y S., R. J. c/G., E. y/u otros s/daños y perjuicios”, los jueces Rolando Toledo y Alberto Modi, integrantes de la Sala 1 Civil, Comercial y Laboral, concluyeron que el accionar del galeno no se ajustó, en la emergencia, a la idoneidad y diligencia debida.

En este caso, la parte actora promovió una demanda de daños y perjuicios contra el médico que atendió a la mujer, el Hospital Anselmo Pértile y/o la Provincia del Chaco, por el fallecimiento de su hija, luego de estar 17 días internada en terapia intensiva, en estado crítico.

En su escrito, les endilgó responsabilidad por no brindarle la atención médica adecuada, luego de ingresar -por indicación del galeno demandado- al hospital, con peligro de parto prematuro. Expresó que, luego de varias horas, y ya habiendo roto bolsa, fue derivada al Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia.

Y resaltó que la decisión del traslado se debió al criterio del médico, quien consideró que la beba contaba con solo 34 semanas de gestación, por lo que necesitaba ser atendida en un centro de neonatología de mayor complejidad.

El nacimiento se produjo durante el traslado en ambulancia, y la mujer fue asistida únicamente por una enfermera. Alegó que la niña se encontraba ubicada incorrectamente y que quedó atrapada en el canal de parto, que a pesar de las maniobras practicadas le faltó el oxígeno, absorbió líquido amniótico y falleció a los pocos días.

Los padres de la beba reclamaron la suma de $300.000 en concepto de indemnización. Las accionadas negaron la responsabilidad endilgada y solicitaron el rechazo de la acción.

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de General de San Martín desestimó la demanda, por entender que no se encontraba comprobado el nexo adecuado de causalidad entre el fallecimiento de la niña y la actuación de los demandados.

La decisión fue apelada por la parte actora, y la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia hizo lugar a la acción, condenando al médico, a la compañía aseguradora y a la Provincia del Chaco al pago de $225.000, con más intereses a tasa activa desde la producción del evento dañoso.

La impugnante sostuvo que la sentencia resulta arbitraria porque no expresaba en qué falló el sistema sanitario del hospital, por cuanto no se advertía el deber de actuar infringido y su causalidad con el daño.

Asimismo, destacó que no debía responder el Estado, en virtud de que la paciente ingresó con indicación de un médico que no se encontraba de guardia y que hizo uso excesivo de la estructura estatal.

Al analizar el caso, para los integrantes del Máximo Tribunal, la recurrente no logró demostrar la existencia de los vicios que denuncia, de entidad tal que hagan descalificable lo decidido.

Y remarcaron que las juezas de segunda instancia establecieron correctamente los presupuestos que debían concurrir para la atribución de responsabilidad a la demandada y destacaron que, en los casos de mala praxis médica, el factor de atribución es subjetivo, debiendo los reclamantes demostrar la culpabilidad del galeno en la asistencia médica.

En esa directriz, explicaron que, para que proceda la reparación a cargo de la entidad asistencial demandada -en este caso, el Hospital Anselmo Pértile-, constituía un presupuesto ineludible la demostración del obrar culposo del médico.

“Bajo esa perspectiva, y una vez valorados los elementos de convicción existentes en la causa, las juezas camaristas entendieron que en orden a la supuesta negligencia incurrida por el profesional demandado, resultaba elocuente el informe médico emitido por el doctor -Jefe de Servicio de Tocoginecología del Nuevo Hospital Perrando Castelán-“, agregaron.

“Las sentenciantes estimaron que la decisión adoptada por el médico no fue la adecuada para el caso, y que ello resultaba demostrativo de su obrar culposo. Teniendo por acreditada la culpabilidad del galeno, y que dicha negligencia fue la generadora de las complicaciones en el estado de salud de la niña al momento del parto, estimaron que debía atribuirse responsabilidad al hospital demandado, por cuanto las circunstancias detalladas implicaban una infracción del deber de prestar un servicio de salud apropiado”, explicaron los jueces del Máximo Tribunal chaqueño.

Estos desestimaron los recursos de la demandada porque no rebatió los argumentos de segunda instancia ni las conclusiones de la pericial médica. De esta manera, confirmaron la sentencia y fijaron el resarcimiento en la suma de $1.147.897,78.

En el artículo “Breves consideraciones acerca del abordaje del proceso de mala praxis médica”, publicada en Temas de Derecho Procesal de Erreius, Juan C. Alongi explica que “la responsabilidad de los médicos es subjetiva, y la obligación que asumen respecto del paciente es una típica obligación de medios”.

“La actuación de los galenos y de la organización asistencial, dados los intereses que le son confiados, debe ser juzgada con el criterio de la culpa que surge del Código Civil. Quiere decir ello, por ejemplo, que si el médico examinó diligentemente al paciente, utilizó los medios adecuados para arribar al diagnóstico y, sin embargo, se comprueba que este no fue el correcto, no habrá responsabilidad de su parte”, agrega.

De esta manera, “si el acto médico reúne los presupuestos de responsabilidad y no existe ninguna causal de justificación o eximente de responsabilidad, su autor será sindicado como responsable y deberá responder por sus consecuencias dañosas sufridas por el damnificado y los demás legitimados pasivos”.

Longi concluye señalando que “el informe y los puntos de pericia elaborados por el consultor o asesor médico los conducirá y permitirá evaluar si se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil: antijuridicidad, factor de atribución, causalidad y daño”.

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Fuente Erreius