Desestiman una acción preventiva que pedía el cese de comunicaciones en donde se reclamaba una deuda

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La Cámara Nacional Civil y Comercial Federal desestimó una acción preventiva de daños interpuesta por un hombre contra una entidad bancaria, en la que solicitaba el cese de un supuesto hostigamiento hacia él y su entorno familiar a través de diversas vías de comunicación, a los fines de procurar el cobro de una deuda, ya que se vulneraría su derecho a la intimidad.

Los magistrados Alfredo Silverio Gusmán, Eduardo Daniel Gottardi y Ricardo Víctor Guarinoni, en el caso “P., A. F. c/BBVA Banco Francés SA y otro s/sumarísimo”, entendieron que las copias simples de las notas enviadas al accionante no evidenciaban hostigamiento, ya que las expresiones allí vertidas no evidenciaban un trato indigno, fundamentado en la medida precautoria requerida.

En su escrito, el actor indicó que las demandadas comenzaron a hostigarlo no solo a él sino a  su entorno familiar y laboral, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, whatsapp y en redes y correos electrónicos, vulnerando su derecho a la intimidad. Además, señaló que esa situación podría agravarse si continuaba “el ejercicio irregular y abusivo del derecho a reclamar”.

La magistrada de primera instancia desestimó la medida precautoria porque entendió que “al resultar coincidente la precautoria pretendida con el objeto de la causa, la procedencia de aquella debía ser analizada de una forma más rigurosa”.

A su vez, expuso que si bien en algunas ocasiones -anticipando el objeto de la litis- se puede evitar un perjuicio irreparable, con los elementos incorporados y la naturaleza del trámite impreso a la causa, no se justificaba resolver lo planteado antes de que se encontrara sustanciada la acción y producida la prueba.

El solicitante interpuso un recurso de apelación en el que sostuvo que la jueza desnaturalizó la acción preventiva incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación al imponer la necesidad de una prueba acabada de las circunstancias y los hechos que sustentan el caso.

Es que, desde su punto de vista, lo requerido podría llevar varios años, con la consiguiente afectación de sus derechos más íntimos. Y argumentó que la magistrada confundió el objeto del proceso de habeas data (reclamado en otras actuaciones) con el presente reclamo, en el que se discutía la forma en que se exigía el pago.

A criterio del tribunal, los elementos probatorios presentados por el solicitante eran insuficientes para hacer lugar a la medida precautoria.

Esto se debía a que “las copias simples de las notas enviadas al accionante para procurar el cobro de la deuda -aunque esta haya sido negada o impugnada- no evidencian el hostigamiento al que hace referencia el emplazante en su escrito de inicio”.

Es que, en las cartas, el lenguaje que utilizaba no indicaba el supuesto trato indigno ya que, de acuerdo a los términos del artículo 8 bis de la Ley 24.240, no contenían vocablos vergonzantes, vejatorios o intimidatorios, ni contaban con la apariencia de un reclamo judicial.

Tampoco consideraron posible acreditar el avasallamiento en el derecho invocado con las copias simples de mensajes de textos o de whatsapp cuando, por el momento, no era viable constatar, siquiera de manera conjetural, el origen y el destino de aquellos.

Si bien el actor incluyó como prueba los supuestos mensajes entre su anterior letrado y quien sería el representante del departamento de embargos del Banco Francés, los jueces los desestimaron porque parecían estar escritos en una aparente negociación entre las partes a fin de lograr un acuerdo transaccional respecto de la supuesta deuda que el emplazante tendría con la entidad.

Asimismo, enfatizaron en que esas conversaciones no estaban dirigidas a él, por lo que no había una afectación.

Con base en esos argumentos, los camaristas indicaron que “para que proceda la tutela preventiva es requisito esencial que se acredite una conducta antijurídica, por acción u omisión, y con los elementos agregados a la causa, en el estado liminar en que se encuentra la contienda, aquella no luce -prima facie- acreditada a fin de justificar el dictado de una medida precautoria como la pretendida”.

En el artículo “La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”, publicado en Erreius Online, el especialista Germán Hiralde Vega explica que “la acción preventiva procede contra actos u omisiones antijurídicas, por lo que el hecho generador debe ser, en principio, ilícito”.

“No se trata de obligar a evitar consecuencias que no son previsibles, sino de que aquel que esté en condiciones de hacerlo, a fin de disminuir la magnitud del daño, deberá considerar todas las consecuencias del mismo y tomar, en relación con esa magnitud, las medidas razonables para disminuirla”, agrega el experto.

Luego, indica que “si bien la ilicitud del hecho conlleva la presunción de su procedencia, no está excluido el caso de acto lícito dañoso o con potencialidad dañosa, aunque debe ser apreciado más restrictivamente porque en tal supuesto no rige la presunción de admisibilidad”.

En este punto, aclara que la medida es independiente del factor subjetivo u objetivo de atribución y debe guardar adecuada relación de causalidad con el resultado probable, es decir, con el perjuicio esperable según el curso normal de las cosas.

En cuanto a la sentencia, Hiralde Vega enfatiza en que “puede ser dictada de modo provisorio o definitivo, principal o accesorio, a pedido de parte o de oficio, en un proceso ya iniciado o promovido solo a esos efectos, otorgándose al juez amplias facultades para dictar mandatos de dar, hacer o no hacer”.

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Fuente Erreuis