Coronavirus: dictan cautelar que obliga a colegio privado a mantener la vacante de alumnos que adeudaban parte de las cuotas

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La sala II Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del distrito judicial de Morón, provincia de Buenos Aires, confirmó una medida cautelar que obligó a un colegio privado a mantener la vacante de unos alumnos que no habían pagado la totalidad de la cuota.

El recurso de apelación fue interpuesto por el centro educativo Milton's College SRL contra la decisión que dispuso decretar la prohibición de innovar respecto de las vacantes en la institución educativa, para el ciclo lectivo 2021, con relación a los menores F. G., O. G. y U. G..

En este sentido, el juez de primera instancia había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por los representantes de los menores contra la decisión del colegio mencionado de no reservar las vacantes, con la consecuencia de disponer la no continuidad de aquellos en la institución educativa.

La institución apeló. Al analizar el caso "G. J. M. y otro/a  c/ Milton´s College SRL s/ Amparo", los camaristas Roberto Jordá y José Luis Gallo recordaron que "la finalidad de las medidas cautelares consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de era probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido".

Y agregaron que "la verosimilitud del derecho, 'fumus bonis iuris' implica que in limine, en los umbrales iniciales del proceso de conocimiento, se vislumbre no ya la certeza, sino la posibilidad que la pretensión traída a la jurisdicción pueda tener acogida".

Mientras tanto, "el peligro en la demora es recaudo directamente relacionado con el anterior y apunta a la demostración  de la  necesidad de la medida precautoria; el recaudo aparece configurado cuando ante la 'verosimilitud del derecho' se observa la duración que todo proceso de conocimiento tiene; y precisamente tal duración del proceso es la que puede ocasionar que, sin el decreto de la cautelar, la tutela que surja de la sentencia resulte ilusoria".

Por eso, remarcaron que “las cautelares (como todos los institutos del ordenamiento jurídico) no pueden ser observadas de manera abstracta, o divorciada de las específicas connotaciones de cada controversia”.

Cuando se plantea una cautelar, lo primero que observará el órgano jurisdiccional es si el caso amerita, por sus circunstancias objetivas (la materia) o subjetivas (las personas involucradas), algún tipo de mirada especial”, explicaron.

Al adentrarse en el análisis concreto enfatizaron que la cuestión a decidir involucraba derechos de niños, niñas y adolescentes.

En casos así, una pauta fundamental a tener en cuenta es aquella que nos indica que debe prevalecer su interés superior, por sobre el de otros sujetos involucrados (art. 3 CIDN)”, señalaron.

Por otro lado, surgía que la institución educativa, en su misiva dirigida a los padres de los menores, condicionaba la matriculación al pago total de capital y accesorios (intereses moratorios). Así, consideraron que la decisión de no reservar las vacantes para los menores tuvo por fundamento una cuestión económica.

De este modo, entendieron que no puede venir a señalar en la causa que el progenitor no abonó ni formuló la reserva de vacante, frente a ese condicionamiento previo que se le estaba imponiendo. 

Si bien el impacto concreto en cada caso, deberá ser objeto de prueba, como pauta general, la situación de emergencia genera, en una primera aproximación (propia de las providencias cautelares), al menos una presunción (art. 163 inc. 5 CPCC) de incidencia desfavorable en la economía de las personas”, remarcaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató sobre la protección especial que ha de dispensarse a los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia. En su punto 64 indica que “en cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran”.

Ahora, ese mantenimiento del acceso a la educación debe ser interpretado ampliamente, y no de manera estrecha o restrictiva; así, debemos leerlo en el sentido del mantenimiento en las condiciones en que se venía dando con anterioridad la actividad educativa, incluso persistiendo dentro de la misma comunidad”, entendieron los camaristas.

Es que si al impacto que, de por sí, genera la situación sanitaria sobre los NNA le sobreagregamos el de cambio de institución educativa, con todo lo que ello implica para su desarrollo, estaríamos desatendiendo la necesidad de protección reforzada antes indicada y, obviamente, su interés superior”, agregaron.

La otra cuestión giraba alrededor de las medidas que se tomaron desde el Estado con relación a lo educativo.

En nuestro país, el Ministerio de Educación dictó una serie de recomendaciones entre las que se encuentran las de diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel y flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de vencimientos de pago, suprimir las multas y abstenerse de aplicar medidas restrictivas.

Como se ve, una de las directrices fundamentales tenía que ver con la flexibilización de las fechas de pago y vencimientos, con la restricción a los recargos financieros por mora y con la supresión de multas y penalidades. Además, se marcaba la abstención de cualquier medida restrictiva por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles. Esto último es, desde nuestro punto de vista, una directriz interpretativa fundamental”, subrayaron los magistrados.

El solo hecho de haber reclamado el pago de capital, y los accesorios, colocaba a la entidad educativa en una situación de incumplimiento a tales recomendaciones ministeriales”, agregaron.

De este modo, la decisión de no reservar las vacantes, con la consecuencia de disponer la no continuidad de los NNA en la institución educativa, por motivos económicos, cuando el establecimiento parece no haber cumplido, en forma cabal, los antedichas recomendaciones ministeriales, hacen a la verosimilitud del derecho de la que se hablaba al comienzo; ello, claro está, sin perjuicio del análisis con más profundidad que pueda, o deba, hacerse, en el contexto más amplio de una decisión de fondo”, concluyeron.

E indicaron que el caso debe analizarse desde un plano convencional (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3) en lugar de contractual.

En esta línea de pensamiento, para los jueces, no se observaba de manera clara cuál sería el perjuicio que para la apelante generaría el mantener, dentro de su establecimiento, a tres menores que venían cursando allí.

Ciertamente hay una cuestión económica pendiente de resolución que -como es lógico- podrá resolverse por la vía y forma que corresponda, pero tal situación -como se ha dicho- no puede redundar en perjuicio de los menores y obstaculizar su continuidad en el establecimiento educativo, frente a la singular situación sanitaria que vivimos hoy en día”, dijeron al ratificar la medida cautelar.

Fuente: Erreius