Fake news: condenan a Google a eliminar información falsa y fotos de un médico

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Un médico dermatólogo, a quien habían acusado falsamente de que su matrícula fue cancelada por mala praxis, obtuvo una medida cautelar, por lo que Google deberá eliminar todos los sitios y las URL referidas a su persona. El bloqueo también se extendió a la búsqueda de imágenes.

En el caso “T.G, F.I c/Google INC. s/medidas cautelares”, el tribunal de primera instancia condenó a Google a eliminar y bloquear la sugerencia de búsqueda que involucraba al actor y los contenidos almacenados como “versión caché” de las URL identificados en la demanda, y a cesar en la difusión de determinadas URL cuando se efectúe la búsqueda con su nombre y apellido.

Para decidir así, tuvo en cuenta que el informe del Ministerio de Salud acreditaba que el actor estaba registrado como médico desde el 5 de agosto de 1997 y que no tenía sanciones por incumplimiento de la ley 17.123 y su decreto reglamentario 6216/67.

El magistrado consideró que el contenido de los sitios cuestionados por el demandante era falso e inexacto y que, por lo tanto, debía condenarse al responsable a eliminarlos y bloquearlos. Además, impuso las costas en el orden causado.

Ambas partes apelaron. El accionante se quejó de que se haya omitido extender la condena a la búsqueda por imágenes y de la distribución de las costas, propiciando su imposición a la demandada.

La sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal admitió el pedido del actor, haciendo extensiva la condena impuesta a Google Inc. a la búsqueda por imágenes, y revocó la distribución de las costas, imponiéndoselas en ambas instancias a la apelante vencida.

Los jueces Ricardo Recondo y Guillermo Antelo resaltaron que el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza al Tribunal a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que estos hubieren sido motivo de agravios.

“Por lo tanto, corresponde acceder al pedido del actor, aclarándose que la condena impuesta a Google Inc. lo será también respecto a la búsqueda por imágenes”, afirma la resolución.

En cuanto a las costas del proceso, no se encontraron motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota e imponérselas a Google, considerando que dicha empresa resistió el acogimiento de la acción.

En el artículo "Fake news, debate público y libertad de expresión. Respuestas penales y extrapenales ante la responsabilidad de los intermediarios de servicios de internet”, publicado en Temas de Derecho Penal y Procesal Penal de la editorial Erreius, Brenda Eldrid remarcó que “el rol de los intermediarios de servicios de Internet en el circuito comunicativo es innegable. La mentira rompe la comunicación, y cuando ello ocurre es necesario reparar el circuito”.

Las empresas intermediarias juegan un rol fundamental en la forma en que colectivamente debemos abordar el fenómeno de la desinformación. La limitación de responsabilidad, en términos legales, por los contenidos que circulan en sus plataformas, no significa que no tengan responsabilidades especiales por el lugar que ocupan en el libre flujo de información en Internet y, sobre todo, que se encuentren exentas de cumplir con las normas generales y particulares, como la sentencia que le impone el Estado argentino”, explicó.

Y señaló que “el artículo 13.2 de la CADH admite la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión con miras a proteger la reputación y los derechos de los demás, el orden público, la moral y la salud públicas. En este sentido, en la dimensión social que se tutela, la diseminación de desinformación deliberada podría dañar la reputación o imagen de una persona, o un candidato, o eventualmente otros intereses más difusos como el proceso democrático o la confianza del público en las instituciones democráticas”.

Por último, dijo que “el problema que se plantea es que por más que la responsabilidad haya emergido, e incluso se dicten sentencias judiciales en este sentido, lo que se observa es una tendencia sistemática por parte de los intermediarios de servicios de Internet de no acatar una orden judicial dictada en el marco de un proceso ante un órgano de supervisión independiente, imparcial y autorizado (como un tribunal) que ordena remover el acceso al contenido, de acuerdo con sus capacidades técnicas, y una dificultad por parte del Estado de forzar el cumplimiento de estas órdenes, incluso aunque medie la imposición de sanciones conminatorias”.

 

 

 

Fuente: Erreius