Una mutual deberá pagar daños punitivos por desafiliar a una mujer mientras cursaba un embarazo

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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó una sentencia contra una mutual, que fue condenada a resarcir los daños causados a una mujer por desafiliarla mientras cursaba un embarazo.

En el caso L. R. V. c/Asociación Mutual Sancor s/Daños y perj. incump. contractual (exc. estado)”, la actora promovió la demanda porque la mutual decidió rescindir el contrato -en pleno proceso de gravidez- con el pretexto de que ella falseó su declaración jurada de ingreso.

Tras analizar las pruebas aportadas a la causa, el juez de primera instancia destacó que “luego de la detección del embarazo de la actora, la demandada comenzó a prestar cobertura durante casi dos meses, lo que denota un expreso reconocimiento de la prestación debida, poniéndose luego en contradicción con sus propios actos”.

Además, consideró que la mutual no aportó la declaración jurada que la actora presuntamente habría falseado, por lo que resultaba imposible un pronunciamiento respecto de la buena o mala fe de la accionante y que no era lícita la intempestiva e injustificada resolución, sin que previamente la accionada acreditara que la actora obró contraviniendo el artículo 1198 del Código Civil (vigente en ese momento).

La demanda fue aceptada en primera instancia, fijando multas a la mutual demandada por $37.500 (incapacidad), $43.200 (daño psicológico) y $100.000 (daños punitivos).

La accionada apeló por la procedencia de los mencionados rubros y objetó también la forma en que se mandaron a calcular los intereses y la imposición de costas.

Los camaristas José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda resolvieron declarar desierto el recurso de apelación, confirmando la sentencia de primera instancia.

Indicaron que la quejosa no dijo absolutamente nada en sus agravios que permitan rebatir los fundamentos de la condena, sino que “trajo una serie de consideraciones genéricas que se enfocó, únicamente, en la conducta de su contraparte, pero sin hacerse cargo de las cuestiones que se le endilgaron y que resultaron trascendentales para que la sentencia acogiera la demanda”.

Además, explicaron que, para tener por comprobada la existencia de daño, adquiere particular relevancia, atento a sus ribetes científicos, la pericia psicológica. En el caso, destacaron que hubo una pericia, emanada de una psicóloga que -fundadamente- habla de un padecimiento psíquico, refiriendo un menoscabo incapacitante de entre el 5 y el 10%, aconsejando un tratamiento para la elaboración del suceso traumático.

Dicha pericia, para los magistrados, fue clara y explicativa, y la demandada no formuló planteo alguno a su respecto.

También tuvieron en cuenta que la apelante, por otro lado, no le requirió a la actora que explique su declaración jurada y que “podía haberlo hecho, pero permaneció silente”.

Los magistrados utilizaron la perspectiva de género a la hora de juzgar, resaltando la gravedad de “dejar sin cobertura médica, indebidamente, a una mujer, embarazada y con una problemática que exigía una atención especial”, que “había perdido embarazos previos y la apelante no tuvo mejor idea que, aun luego de comenzar a brindarle atención, decidir rescindir su contrato”.

En todo caso, podía haber intentado alguna otra vía, vinculada -si lo consideraba viable- con el monto a abonar. Pero, directamente, rescinde el contrato. Volvamos una vez más: a una mujer embarazada, que ya había perdido embarazos previos. Y el 'enorme perjuicio' del que se habla en los agravios, no es más que una situación económica y patrimonial, para una empresa de envergadura considerable”, sostiene la resolución.

En ese sentido, citaron la Constitución Nacional en cuanto hace hincapié en la protección a la mujer embarazada (art. 75, inc. 23) y lo propio indican las convenciones internacionales (art. 12.2, CEDAW), y encuentra su desenvolvimiento normativo en la ley 25.929.

En efecto: si la Constitución Nacional nos habla de la protección a la mujer embarazada (art. 75, inc. 23) y lo propio nos indican las convenciones internacionales (art. 12.2, CEDAW), y encuentra su desenvolvimiento normativo en la ley 25.929, no pueden convalidarse temperamentos, de ningún tipo, que impliquen una desprotección en este sentido o un trato indebido hacia la mujer embarazada”, enfatizaron.

De poco sirve que las normas enuncien, y declamen, protección en un plano abstracto, si luego -en los hechos- ello no se hace efectivo por las autoridades encargadas de aplicarlas”, agregaron.

Así entonces, y si resulta -por imperio convencional y constitucional- dispensar una adecuada protección a la mujer, más aun cuando cursa una etapa tan sensible como lo es la de gestación y todavía más si es una mujer que ha sufrido, antes, lo que implica la pérdida de otros embarazos, es imprescindible que el estado, en todas sus órbitas, reaccione intensamente ante este tipo de abusos”.

Así entendieron que “la protección a la mujer debe operarse cada día, todos los días y en las diversas facetas de actuación de todos los poderes del Estado. Consecuentemente, no es solo legal (art. 52 bis cit.) sino también axiológicamente valioso que se hayan acogido los daños punitivos”.

No pueden convalidarse temperamentos, de ningún tipo, que impliquen una desprotección en este sentido o un trato indebido hacia la mujer embarazada”, destacaron.

Y remarcaron que “afortunadamente, las consecuencias -aquí- no han sido de mayor gravedad para la actora y para su hija, pero el estado de desprotección que implica el haber quedado sin cobertura médica, puede haber sido mucho mayor”.

Y justamente para evitar este tipo de cuestiones, en el futuro y con otras mujeres, es que aquí los daños punitivos entran en juego”, concluyeron al confirmar la sentencia de primera instancia.