Una 'influencer' deberá abstenerse de publicar imágenes y videos de sus hijas menores

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En el caso “V. F. c/ S. B. s/ medidas precautorias (art. 232 del CPCC)”, un hombre solicitó como medida cautelar que se intime a su exesposa para que se abstenga de subir, difundir y/o publicar en el sitio de Instagram información, imágenes, videos, etc., donde aparezcan los nombres de sus hijas así como también respecto de cualquier elemento que pudiera identificar a alguna de ellas. Solicitó ademas que se la intime también a que en forma inmediata proceda a bajar de dicho sitio todos los videos en los que aparecen imágenes, videos, recuerdos, carteles y/o información referidas a las niñas.

Indicó que la demandada, sin su consentimiento, y de hecho con su oposición, estaba difundiendo las imágenes de sus hijas, con un fin comercial, vinculada con su actividad laboral y en procura de un lucro.

Remarcó que, en el mismo sitio web, la mujer realiza manifestaciones contrarias al proceso judicial, utilizando incluso lenguaje obsceno; otras vinculadas con actos de violencia en los que alude que su fuerza para destruir está inspirada en pensar en él.

En tanto, la demandada solicitó que se rechace la acción. Consideró incomprensible que “el padre de sus hijas las considere tan chiquitas para publicar fotos con su madre, pero no con él o su novia, sobre todo a sabiendas de la cantidad de explicaciones que se ve obligado a pensar cuando las niñas cuestionan sus comportamientos para con ella”.

Afirmó que no existe hecho alguno que fundamente que sus hijas se encuentran en peligro, ni que se atenta contra su seguridad, y menos que existan hechos que lesionan su honor ni dignidad.

Al analizar el expediente, la titular del Juzgado de Familia N°1 de Tigre, Sandra Fabiana Veloso, indicó que “la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, (art. 638 CCyC)”.

Los principios por los que se rige son el interés superior del niño, la autonomía progresiva del niño y el derecho de éste a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, (art. 639 CCyC).

Luego explicó que “el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde en caso de divorcio a ambos progenitores. El ejercicio compartido, destaca las responsabilidades de los adultos, en concreto, quiere decir que el poder de iniciativa respecto de aquellas cuestiones fundamentales en la vida de los hijos se comparte, y no recae exclusivamente en el que tiene el cuidado personal. La esfera de estas facultades parentales siempre debe ser evaluada dentro de los límites que marcan los intereses superiores en juego”.

Y, en caso de desacuerdo, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los progenitores y con intervención del Ministerio Publico.

En ese contexto, indicó que “el superior interés del niño confiere a éste una protección especial, un “plus de protección”, dada su situación de vulnerabilidad; y ello en razón que no ha completado todavía la constitución de su aparato psíquico”.

“Dicha tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación jurídica; de modo que, ante situaciones como las presentadas en autos, el interés moral y material de los niños debe tener una relevante prioridad sobre cualquier otra ponderación”, explicó.

“Así, en el aparente conflicto de derechos e intereses, el principio favor minoris, con expresa recepción en los artículos 3 y 5 de la ley 26.061, así como en el artículo 4 in fine de la ley 13.298, y conforme al cual, ante la posible colisión o conflicto entre los derechos e intereses de los menores, en oposición a otros derechos e intereses igualmente legítimos, han de prevalecer los primeros”, enfatizó.

Y remarcó que “en aras de ese interés superior del menor y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de las demás personas involucradas y el proceso despojado de toda consideración ritualista para atender a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional por imperio de la reforma de 1994”.

A su vez, la Ley 26.061 en su art. 22 dispone que "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen”; y en ese orden, la normativa dispone que “se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar".

 

“Sin perjuicio de que es habitual que los progenitores publiquen fotos de sus hijos, debemos tener en cuenta que no es lo mismo que sea compartida con familia y amigos, a que sea compartido con una cantidad de seguidores tan numeroso como los que posee la cuenta de la demandada, que implica una mayor exposición de las niñas”, enfatizó la jueza.

 

Por otra parte, indicó que “el derecho a la intimidad, a la imagen, al honor y a formar su identidad digital son derechos de cada niño, niña y adolescente por tanto está en ellos la libertad de ir disponiendo de ellos a medida que vayan alcanzando el grado de madurez suficiente para hacerlo”.

De manera que, “a medida que vaya progresando su autonomía, podrán por sí mismos disponer de sus derechos, podrán autodeterminar su intimidad en internet y podrán crear una identidad digital que los represente, y de la que no se avergüencen (...)”.

“Los padres deben proteger la dignidad digital de los niños y adolescentes, lo que implica evitar injerencias arbitrarias en su intimidad, cuidar el uso de la imagen de sus hijos, evitar publicaciones que los expongan y que dañen su reputación”, señaló.

Y añadió que “el derecho del niño a ser oído constituye una garantía sustancial que fluye de su consideración como sujeto y no mero objeto de derecho”.

En el caso, tuvo en cuenta que las niñas E.V. (11 años), A. V. (8 años) e I. V. (6 años), indicaron también no sentirse muy a gusto con sacarse fotos para el instagram, por lo que hizo lugar parcialmente a la medida cautelar peticionada.

De esta manera, la mujer, en lo sucesivo, deberá abstenerse de publicar fotos y videos de sus hijas en su cuenta de Instagram "@m…a…" y no podrá hacer referencia a las causas judiciales que se encuentran en trámite bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias.

 

En el artículo “Protección procesal del derecho a la imagen (e información) de niños, niñas y adolescentes”, publicado en Temas de Derecho Procesal de Erreius, Gabriel H. Quadri explica que “cuando están en juego cuestiones como las aquí involucradas, este derecho -desde nuestro punto de vista- es objeto de una razonable limitación, pues recordemos que no existen derechos absolutos”.

 

“La cuestión del derecho a la imagen e intimidad de los menores, la actuación de sus progenitores y las redes sociales merecen, indudablemente, nuestra atención”, agregó.

“Y ello, incluso, con mayor intensidad cuando existen, en trámite, controversias judiciales dentro del fuero de familia, siendo -en tal contexto- un deber del juez actuar lo conducente, incluso de oficio (art. 709, CCyCo.) para que la información del proceso no se difunda indebidamente”, enfatizó.

Sobre la divulgación de casos judiciales en redes sociales por parte de los involucrados, señaló que “este tipo de situaciones genera efectos indeseados, obstaculizando -incluso- en muchos casos el funcionamiento de la justicia, porque las redes se utilizan para brindar una versión (parcializada) de los sucesos y, generalmente, para denostar la actividad jurisdiccional”.

“Es decir, en lugar de utilizarse remedios, recursos o incluso canales institucionales (denuncias ante los organismos competentes) para ventilar lo que corresponda, quien está disconforme con alguna decisión o temperamento judicial utiliza el potencial amplificador de las redes sociales para difundir puntos de vista (muchas veces subjetivos o sesgados), que se van viralizando (muchas veces entre el círculo de quien lo publica y en grupo de personas que se identifican con su problemática) y produciendo un fuerte impacto en la opinión pública”, añadió.

“Pero la información que así se ofrece, pocas veces es objetiva: generalmente se la presenta desde la visión, particular, de quien se expresa, silenciando (generalmente) aquellos datos que le son desfavorables”, concluyó.

 

 

Fuente: Erreius