Reforma previsional: comienzan a conocerse los lineamientos centrales del futuro proyecto

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El Gobierno le encargó a una comisión dependiente del Ministerio de Trabajo la elaboración de un proyecto de ley de reforma del sistema previsional.

 

A diferencia de lo sucedido a fines del año pasado, no se busca solo un cambio en el cálculo del haber, sino también la sustentabilidad del sistema (cómo se va a financiar y qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para acceder al beneficio jubilatorio).

 

La Ley 27.260, en su artículo 12, crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional, dentro del ámbito de la cartera laboral, cuya misión será la de elaborar “un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. El objetivo es que se presente un anteproyecto en un plazo de seis meses (pero este podría prorrogarse).

 

Ese Consejo -presidido por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y en forma alterna por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis- está compuesto por 25 miembros, entre los cuales se encuentran representantes de cámaras empresariales y sindicatos.

 

Además, está integrado por personas de reconocido prestigio profesional y académico en el ámbito del derecho, de las ciencias sociales y económicas, que participan ad honorem.

 

 

Puntos para analizar

 

- No está previsto eliminar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es un beneficio creado dentro de la Ley 27.260 percibido por quienes no tienen aportes para jubilarse y tampoco cobran otro tipo de sumas.

 

- En cuanto a la edad, se evalúa subirla hasta los 70 años de manera gradual. Para los hombres, se tratará de un aumento escalonado para que no se vea afectada la expectativa de quienes están cerca de acceder al beneficio.

 

En cambio, afectará a aquellos que les falte, al menos, una década para obtener el beneficio. De este modo, se evitará que los alcanzados por los cambios no sufran el impacto en el corto plazo.

 

- Se irá acercando la edad entre hombres y mujeres, pero la nueva ley no llegará a la equiparación.

 

Hay que aclarar que la ley aprobada a fines del año pasado establece que los dependientes del sector privado, tanto mujeres como varones, podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. En ese caso, la empresa deberá mantener la relación de trabajo por un plazo máximo de un año, hasta que el trabajador obtenga el beneficio. No se trata de una suba legal, sino de una opción que le da la ley.

 

- La pensión vitalicia se adaptará al sistema de compensaciones del Código Civil y ya no será vitalicia. Si una persona joven enviuda y estuvo 5 años casada, se le pagará la prestación por ese tiempo.

 

En contrapartida, se extendería la edad de los hijos que perciben pensiones por el fallecimiento de los padres hasta los 25 años, siguiendo los lineamientos del CCyC, si acredita que estudia.

 

- Límite a la acumulación de la jubilación y la pensión. No convivirán ambas prestaciones al 100% para un único beneficiario. En este sentido, se analizan dos opciones:

 

1) Que entre ambas prestaciones se cobre la del beneficio más alto (por lo general, la jubilación)

 

2) Que valide la alternativa más elevada y un proporcional de la otra

 

- Se extenderá el período a considerar para el cálculo del haber inicial, que será mayor a los 10 años actuales.

 

Por el momento, no se analizará si el haber cumplirá con el principio de sustitutividad (relación entre el salario percibido en la vida activa y la jubilación) y se discutirá cómo enfrentar las cuestiones de género.

 

Además, otra comisión analiza los distintos regímenes diferenciales de trabajo insalubre. En la actualidad, puede obtenerse el beneficio a los 55 años. La idea es analizar cado uno de ellos y, en algunos casos, elevar la edad, ya que el Ministerio de Trabajo cree que las tecnologías actuales permiten reducir o dar por terminada la insalubridad.

 

 

 

¿Es sustentable el sistema previsional?

 

Marcelo Brasburg, colaborador de la editorial Erreius, explica que los sistemas previsionales en el mundo no son sustentables a nivel mundial.

 

De acuerdo con el experto, el grave problema pasa por el envejecimiento poblacional, ya que ante ello, entran en crisis los llamados sistemas de reparto (en los que el Estado se limita a recibir los aportes de los trabajadores activos para repartirlo entre los pasivos).

 

“En la actualidad, la mayoría de los sistemas de seguridad social son de reparto asistido. No son financiados no solo por aportes y contribuciones, sino por ingresos provenientes de rentas generales o de carácter impositivo”, agrega el especialista.

 

En Argentina, el organismo previsional recibe aportes provenientes de -entre otros- IVA, monotributo, impuesto a los cigarrillos, combustibles líquidos, etcétera.

 

Según explica Brasburg, lo que hace sustentable a un régimen previsional es la relación entre aportantes y beneficiarios del mismo. En nuestro país, la relación es de 1,07 trabajador aportante por cada jubilado. “La óptima de funcionamiento es de 3 a 1 y la mínima de 2 a 1”, añade.

 

¿Se podrá afrontar el reclamo histórico de los jubilados del 82% como tasa de sustitución? El colaborador de Erreius destaca: “Si tomamos en cuenta que entre aportes y contribuciones ingresa al sistema previsional un 27% del sueldo (un 11% y un 16% respectivamente), necesitaríamos una relación de 3,07 aportantes por cada jubilado para abonar prestaciones en esa tasa de sustitución (3,07 x 27 = 82,08)”.

 

Ello sin considerar el costo operativo de mantener el sistema (gasto de funcionamiento de las cajas previsionales, salarios, etcétera).

 

“Estamos muy lejos de acceder a la proporción necesaria para brindar una mínima tasa de sustitución con un sistema de reparto puro. Con la proporción actual, apenas llegaríamos a abonar un 27%, sin considerar los gastos operativos”, enfatiza Brasburg.

 

Para el especialista, la ley de movilidad sancionada a fines del año pasado le quitó sustentabilidad al sistema por medio de modificaciones que producen un serio desfinanciamiento.

 

Es que la norma establece que una vez que el trabajador reúne los requisitos para acceder a la PBU, el empleador queda eximido de efectuar los aportes patronales, con excepción de los destinados a obras sociales y ley de riesgos del trabajo.

 

“Y esa exención afecta seriamente el financiamiento del sistema, porque el ANSES deja de recibir contribuciones patronales (que incluso son superiores a los aportes personales que sigue recibiendo) por un trabajador que posteriormente accederá a la jubilación”, indica el especialista.

Además, de acuerdo con la ley 27.426, los servicios que presta el trabajador por encima del mínimo legal de 30 años son reconocidos con un mayor haber, ya que se le abonará un 1,5% adicional -sobre el promedio de sueldos- por cada año o fracción superior a 6 meses. Es decir, el ANSES debe afrontar una mayor prestación con el ingreso de menores fondos.

 

Fuente: Erreius