Avanza el debate por la reforma de la ley de procedimiento laboral bonaerense

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El Senado bonaerense avanza con el análisis del proyecto de reforma del procedimiento laboral, que fue enviado por el Poder Ejecutivo provincial el pasado 11 de abril.

La iniciativa, que tiene como eje central la transformación de los actuales tribunales de Trabajo en juzgados unipersonales con el objetivo agilizar el trámite de las causas, ya generó el rechazo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, así como del Colegio de Magistrados local.

El principal motivo para promover estas modificaciones es la prolongada duración de los procesos laborales, indica la propuesta legislativa.

El texto, que está siendo analizado por la Comisión de Trabajo y Legislación Social y que modifica sustancialmente la Ley de Procedimiento Laboral, forma parte del paquete de reforma judicial que la gobernadora María Eugenia Vidal envió a principios de año a la Legislatura.

En caso de aprobarse, la reforma entrará en vigencia a partir de 2020, y su implementación, por etapas, demandará cinco años.

El citado proyecto, que consta de 105 artículos, propone, entre otros puntos:
- El reemplazo de los actuales tribunales del Trabajo por juzgados unipersonales.
- Instauración de cámaras de Apelaciones y la regulación de un proceso para la actuación de estas (recursos y facultades).
- En materia de notificaciones, se establecen pautas referentes a la notificación electrónica. Asimismo, se coloca en manos del justiciable la adopción de medios alternativos de notificación (carta documento, telegrama, acta notarial) para todos los supuestos contemplados y sin necesidad de autorización judicial previa.
- La incorporación de medidas cautelares preventivas, innovativas y/o autosatisfactivas, y se establece un procedimiento especial para su sustanciación.
- La videograbación de las vistas de causa.
- Se fija el monto mínimo de agravio para el acceso al recurso de inaplicabilidad de ley en 500 IUS y se establecen causales de excepción.
- Creación de dos instancias orales obligatorias e indelegables para el juez, en las que se darán herramientas a las partes para arribar a una conciliación antes de proseguir con el litigio.

Las quejas de la Suprema Corte y los magistrados
El máximo tribunal bonaerense ya mostró su oposición al proyecto. Poco antes de la feria de julio, dio a conocer un informe en el que cuestiona el impacto que implicaría su sanción, en cuanto a los recursos necesarios para su implementación. Mediante una resolución advirtió por la falta de "recursos centrales para su implementación”.

El documento lleva la firma de todos los miembros del tribunal, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari, Héctor Negri, Daniel Soria y Luis Esteban Genoud, quienes pidieron que sus consideraciones fueran tenidas en cuenta, a fin de evitar "problemas presupuestarios, de soporte técnico e infraestructura".

En el caso de que la reforma se apruebe, consideran que “será necesario solicitar entre 850 y 1.000 cargos adicionales, la mayoría de los cuales deberían ser letrados” y, además, la construcción de nuevos espacios, lo que implicaría una gran inversión.

En números, se trataría de “aproximadamente $ 971.000.000 en el rubro personal, además de $ 37.600.000 en gastos de alquileres, respetando las configuraciones actuales en materia de organización del trabajo”.

“Ante cambios estructurales de tamaña magnitud como los que se proponen, resulta ineludible establecer principios superiores surgidos de políticas públicas sólidas, planificadas y de consenso, donde la Suprema Corte de Justicia y los distintos actores del sistema judicial, aporten sus experiencias y propuestas”, resaltaron los magistrados.

En el fuero laboral provincial, solo en 2016, ingresaron 66 mil causas, y el promedio de tramitación de cada una oscila entre los dos y tres años. Y ese número fue creciendo.

Las estadísticas de la SCBA reflejan que en 2017 ingresaron a los Tribunales del Trabajo más de 89.000 causas y al cabo del año se habían resuelto más de la mitad, lo que implica una alta tasa de resolución de conflictos. 

Pero los funcionarios provinciales confían en que este número irá decreciendo luego de que Buenos Aires adhiriese a la ley complementaria de riesgos del trabajo.

De acuerdo con las mismas estadísticas, en 2018, los juicios laborales en la Provincia cayeron un 24% con respecto a 2017, y particularmente los procesos por accidentes se desplomaron 50%, cuando el año pasado se habían incrementado un 121%.

Como parte de los aportes técnicos realizados a las comisiones del Senado provincial, los jueces laborales -en las reuniones que se llevaron a cabo durante el primer semestre del año- solicitaron que se les otorguen las herramientas necesarias para que los procesos duren menos y para que pueda aumentar la tasa de resolución de los conflictos a través del dictado de sentencias.

Entre otros puntos, pidieron que se les permita mantener el instituto de la caducidad de instancia; que se sancionen con otro apercibimiento las demandas y escritos defectuosos; que se les autorice a declarar de oficio la rebeldía; a notificar la absolución de posiciones al demandado rebelde en los estrados del tribunal; a declarar la incompetencia territorial de oficio y a suspender las audiencias de vista de causa exclusivamente por ausencia de testigos.

Lea el fallo completo aquí.

Fuente: Erreius