Ordenan reincorporar a una trabajadora despedida por razones políticas y, además, deberán resarcirla por daños

Imagen del articulo

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que era discriminatorio el despido de una militante política que primero sufrió un cambio de tareas, pasando de jefa de la seccional a la atención del público, y luego fue despedida sin causa, por lo que ordenó la reinstalación en su puesto, el pago de las remuneraciones que debió percibir, de acuerdo a la categoría de revista al momento de la rescisión de daño material, así como los rubros por daño material y moral.

En el caso “A. C. J. c/Administración Nacional de la Seguridad Social s/juicio sumarísimo”, los testigos indicaron que la actora militaba en La Cámpora y que había sido nombrada directora de la seccional, pero con el cambio de Gobierno nacional en 2015 fue pasada a la mesa de atención al público.

El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo pero la decisión fue recurrida por la demandada. Se quejó, esencialmente, por la valoración de la prueba efectuada en grado, que llevara a la a quo a sostener que el despido dispuesto fue discriminatorio y por la que considera incorrecta la aplicación de normas contractuales a daños extracontractuales, en virtud de la cual se la condenara a pagar un resarcimiento por daño moral.

La actora también se quejó ya que, desde su punto de vista, el vínculo que unía a las partes era de carácter público y no podía ser disuelto sin causa, y porque consideró incorrecta la interpretación de la ley 23.592 efectuada en grado.

Para los magistrados de la sala VIII, el despido de la actora fue discriminatorio.

Asiste razón a la actora para requerir la declaración de nulidad del despido, por objeto prohibido, su reinstalación y la reparación de los daños y perjuicios causados. Su reclamo se enmarca en las previsiones de la ley 23.592”, explicaron.

El artículo 1º establece: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

Es muy importante recordar, en lo que hace a la amplitud de la apreciación de la prueba, la tesis sentada por la CSJN, en casos similares al que nos convoca, en los cuales subyacía una posible motivación discriminatoria y en que aplicó el criterio de la carga dinámica a favor del trabajador”, explicaron los jueces Víctor Pesino y Luis Catardo.

Y remarcaron que la aplicación de las previsiones de la Ley 23.592 sobre Actos Discriminatorios al universo de las relaciones laborales es ampliamente admitida por las distintas salas del fuero.

El hecho de que una decisión judicial disponga la reinstalación de un/a trabajador/a en su puesto, por haber decretado la nulidad de un despido calificado de discriminatorio por motivos políticos, en el marco de la Ley 23.592 y de la normativa civil, no colisiona con la regla de la estabilidad relativa, es decir, dicha decisión no implica que la trabajadora en el futuro no pueda ser despedida sin causa o que se confiera a la relación de trabajo el carácter de estabilidad absoluta, solo se pretende impedir la ilicitud de la conducta del empleador, exteriorizada en el acto de denuncia, en el marco de las normas jurídicas analizadas”, agregaron.

En el análisis del caso concreto, señalaron que “es procedente concluir que el despido tuvo carácter discriminatorio al estar acreditado que la actora era militante política y en cierto modo, seguramente, fue esa circunstancia la que la llevó siendo joven a ser designada como Jefa de un sector y haya, o no, acumulado méritos para ello, haya sido el acto administrativo de designación cuestionable o no, lo cierto es que fue dada de baja, sin causa justificada, poco tiempo después de la asunción de las nuevas autoridades electas y previo modificarse sus funciones, a la mera atención del público, frente a lo cual la demandada no acreditó que la medida no tuviera esas connotaciones” .

Por ese motivo, “quien fue despedida por su condición de militante política tiene derecho a que se disponga la nulidad del despido, por objeto prohibido, su reinstalación y la reparación de los daños y perjuicios causados, siendo que el reclamo se enmarca en las previsiones de la Ley 23.592”.

Por lo que además de declarar la nulidad del despido por discriminatorio y condenar a la ANSES a reincorporarla, los magistrados consideraron que la actora debía percibir una suma por los daños materiales y morales sufridos, más los aumentos habidos en el interín e intereses.

En el artículo “La nulidad del despido” publicado en Erreius online, Juan Orsini señala que “los despidos discriminatorios en sentido amplio pueden ser privados de eficacia extintiva si el trabajador despedido así lo requiere, quedando a disposición de este la opción entre convalidar el despido (con derecho a ser indemnizado de manera agravada) o solicitar su nulidad, debiendo en este último caso el juez ordenar su readmisión, manteniéndose vigente el contrato de trabajo en las mismas condiciones que existían al momento del despido. Solución que se funda tanto en la legislación nacional antidiscriminatoria (Ley 23.592) como en diversos derechos constitucionales”.

Y enfatiza en que se ha cuestionado la insuficiencia de dicho mecanismo reparatorio, por lo que se contempla -por fuera de la tarifa indemnizatoria- el resarcimiento otros daños causados por la cesantía injustificada, máxime teniendo en cuenta la situación económica del país, en especial los altos índices de desempleo, que dificultan que el trabajador despedido pueda conseguir un nuevo empleo para reemplazar al que perdió por el despido injusto.

Fuente: Erreius