La Corte Suprema deja sin efecto la sentencia condenatoria contra una ART ante la muerte de un trabajador porque padecía de patologías previas

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La Corte Suprema invocó la doctrina de la arbitrariedad de sentencias y dejó sin efecto una sentencia que condenó a una ART por la muerte de un vigilador privado, ya que el dependiente tenía patologías previas y no se configuró la relación de causalidad adecuada entre la conducta imputada y el daño.

En este caso, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó un pronunciamiento de la instancia anterior e hizo lugar a la demanda que, con fundamento en el derecho civil, dedujeron los derechohabientes de un trabajador fallecido contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (ART) a fin de obtener la reparación integral de los daños que padecen como consecuencia del deceso de aquel.

El 6 de julio de 2007, el trabajador, en ocasión de prestar tareas de vigilador, se cayó en un pozo existente en el predio. Según el fallo de Cámara, la carencia de señalización e iluminación no habían sido advertidas por la ART, por lo que esta incumplió sus obligaciones atinentes a la seguridad y prevención de riesgos.

Estimó que el traumatismo de cadera que allí había sufrido había derivado en una necrosis avascular bilateral, patología por la que se le había efectuado, en una primera cirugía, el reemplazo de la cadera (artroplastia) izquierda y meses después, a raíz de las dificultades que presentaba para deambular, había requerido una segunda intervención quirúrgica, con el propósito de suplantar la cadera derecha. Entendió que el fallecimiento del trabajador, producido el 21 de mayo de 2008 por congestión y edema pulmonar, se debió a que la aseguradora había incumplido con sus deberes de prevención de riesgos que le impone la ley 24.557, como así también a la deficiente atención médica que le había brindado y su derivación a la obra social a la que aquel pertenecía.

Así, concluyó que Galeno ART S.A. resultaba civilmente responsable en los términos de los arts. 1109 y 1074 del Código Civil y 1716, 1725 y 1749 del Código Civil y Comercial, por lo que la condenó a abonar a los actores la suma de $ 668.000, con más sus intereses desde la fecha del deceso.

Contra dicha decisión, la ART dedujo recurso extraordinario cuya denegación originó la presente queja.

Los miembros de la Corte Suprema, en el caso “Descalzo, María Betania p/sí y en rep. de sus hijos menores y otro c/Brossi S.A. y otros s/accidente - ley especial”, dijeron que sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad la apelante cuestionó que se le hubiera atribuido responsabilidad civil por el hecho luctuoso en virtud de incumplimientos u omisiones a los deberes de prevención y vigilancia que le impone la ley 24.557. Sostiene que no existe nexo de causalidad adecuado entre su conducta y el fallecimiento del trabajador que, dice, se produjo por una causa ajena a ella.

La ART expresó que no se valoró que el trabajador había sido derivado a su obra social a raíz de una patología inculpable que padecía (necrosis ósea aséptica). Alega que dicha enfermedad tiene carácter idiopático. Aduce que no tiene responsabilidad por la atención que su obra social le otorgó. Planteó que estas circunstancias han quedado comprobadas por los informes del Cuerpo Médico Forense efectuados en la causa penal iniciada contra los médicos intervinientes en la citada cirugía.

A su vez, cuestionó el monto del resarcimiento por considerarlo excesivo, irrazonable y configurativo de un enriquecimiento contrario a derecho.

El caso llegó al Máximo Tribunal, donde los ministros Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda dejaron sin efecto la sentencia apelada en los autos “Descalzo, María Betania p/sí y en rep. de sus hijos menores y otro c/Brossi S.A. y otros s/accidente - ley especial”.

 

Los supremos explicaron que el tribunal de alzada indicó que la decisión impugnada no se ajusta al principio que exige que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, ya que sustentó la condena contra la aseguradora en el incumplimiento de sus deberes de seguridad y prevenciónsin examinar adecuadamente las constancias del expediente que podían resultar demostrativas de que, como alegó la ART ya al contestar demanda, el motivo del deceso del causante no habría guardado vinculación con tales inobservancias”.

La Cámara no tuvo en consideración que el informe emitido por el Cuerpo Médico Forense en la causa penal iniciada contra los médicos intervinientes en la cirugía a raíz de la cual se produjo el deceso del trabajador daba cuenta de que este presentaba importante obesidad y antecedentes de tabaquismo y que, luego de que se le suplantara la cadera izquierda a raíz de la artrosis que sufría, en oportunidad en que se lo sometía a la segunda operación para reemplazar la cadera derecha, sufrió una hipotensión, por lo que luego de recibir maniobras de resucitación fue trasladado a una unidad de terapia intensiva donde falleció por una congestión y edema pulmonar”, indicaron en la sentencia.

Además, señalaron que el dictamen también informó que al paciente se le había diagnosticado necrosis avascular o aséptica bilateral de ambas caderas y que “ello difícilmente era vinculable a un antecedente traumático” por tratarse de una patología que “puede ser idiopática o secundaria a otras enfermedades”.

En este sentido, los magistrados afirmaron que “no configura la relación de causalidad adecuada entre la conducta imputada y el daño producido, presupuesto indispensable para la atribución de responsabilidad civil”. “Es que el razonamiento del a quo permitiría extender la obligación de reparar sin limitación alguna a cualquier daño que se produzca, independientemente de su previsibilidad y del tipo de consecuencia en que aquel consista (inmediata, mediata, causal, etc.)”, añadieron los jueces en la sentencia.

Los ministros concluyeron que “de la omisión de alertar a la empleadora del trabajador fallecido del posible riesgo que significaba para sus dependientes la existencia de un pozo sin señalización ni iluminación, no se sigue el deceso del causante del modo en que se produjo”.

Así, hicieron lugar a la queja, declararon procedente el recurso extraordinario, dejaron sin efecto el fallo impugnado por arbitrariedad de sentencias y ordenaron devolver el expediente al tribunal correspondiente para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a los fundamentos mencionados.

Fuente: Erreius