La ANSeS deberá otorgar una prestación similar a la pensión de su abuela fallecida a una menor huérfana que se encontraba bajo su tutela

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La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata le ordenó a la ANSeS otorgar una prestación
similar a la pensión de su abuela fallecida a una menor huérfana que se encontraba bajo su tutela y que no cuenta con otros familiares que la asistan económicamente. La misma deberá durar, al menos, hasta que la beneficiaria alcance la mayoría de edad.


La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 24.241 e hizo
lugar a la demanda que le ordenó al organismo previsional que le otorgue el beneficio de
pensión a la menor R.R. J., más los retroactivos correspondientes que pudieran haberse
devengado. La resolución también destacó que la prestación se extenderá hasta los 21 años de
edad si, llegada la mayoría de edad, la beneficiaria cursa regularmente estudios secundarios o
superiores y no desempeña una actividad remunerada.


En el caso “Rodríguez, Luis Alberto (en repr. de menor bajo su guarda) y otro c/ ANSES s/
pensiones, Expediente Nº 21366/2016”, la ANSeS cuestionó la sentencia al señalar que del texto
de la ley vigente no surge que la nieta de la causante tenga derecho a beneficio alguno.
Manifiesta que la nueva redacción del artículo 53 de la Ley 24.241 no incorpora a ciertos
derechohabientes que sí estaban previstos en el artículo 38 de la Ley 18.037; y, en consecuencia,
no cabría llegar a otra conclusión más que los derechohabientes no incorporados al texto del artículo
53 antes citado se encuentran excluidos como potenciales derechohabientes en el nuevo régimen
de jubilaciones y pensiones del ex Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, actual Sistema
Integrado Previsional Argentino.


En su respuesta, la actora destacó que la demandada no tiene en cuenta que todas las normas no
se encuentran en un plano de igualdad, en virtud del principio de jerarquía constitucional; la
Constitución Nacional -junto con los tratados internacionales incorporados en el inc. 22 del art. 75- se encuentra por encima de todo el ordenamiento jurídico.


Adujo que este caso en particular constituye una expresión de la justicia social, que la Corte
Suprema calificó como “la justicia en su más amplia expresión”, y que su contenido “consiste en
ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que esta
cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes
materiales y espirituales de la civilización”.

Por otro lado, la actora consideró que la negación del beneficio conculca derechos amparados en
la Convención de los Derechos del Niño, así como la observación Nro. 14 efectuada por el Comité
de los Derechos del Niño.

Por último, manifestó que este caso es de extrema vulnerabilidad social, porque no hacer lugar al
beneficio de pensión en este supuesto sería ir en contra de las finalidades que las leyes
previsionales persiguen, sin olvidar en este punto la responsabilidad parental que ejercía la abuela
de la menor al tenerla bajo su guarda.

Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza explicaron que la ley permite el cobro de una
pensión en caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en
actividad, a la viuda, al viudo, a la conviviente, al conviviente, a los hijos solteros, a las hijas
solteras y a las hijas viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la ley, todos ellos hasta los 18 años de
edad.

Y agregaron que la norma dispone que dicha limitación de edad no rige si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados
a la fecha en que cumplieran 18 años de edad.


Luego, explicaron el alcance de la expresión “estar a cargo” mencionada en la norma. En este
punto, indicaron que la ley define que el derechohabiente está a cargo cuando “concurre en aquel
un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular”, y agrega que “la
autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente
estuvo a cargo del causante.”


En el caso en particular, indicaron que se encontraba por demás probado que la menor se hallaba
“a cargo” de la causante, es decir que -conforme lo describe la ley- se encontraría dentro de la
calificación elaborada por el legislador.


Sin embargo, remarcaron que el art. 53 es taxativo al enumerar a los derechohabientes que
revisten la calidad de tales solo por el hecho descriptivo de la ley, es decir que no se constituyen
en sujetos con derecho a pensión por la sola circunstancia de estar “a cargo”, sino que deben
ajustarse al “Nomen Iuris” que establece el art. 53 de la ley 24.241.


Al acreditarse que la menor se hallaba a cargo de la mujer fallecida, consideraron que debía
acudirse a la seguridad social a los fines de proteger la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra.


Así, consideraron que si bien la menor R. R. J. no se encontraba dentro del Nomen Iuris que
establece el art. 53 de la ley 24.241, y que por ello no posee el derecho a la pensión derivada tras
el fallecimiento de su abuela, “no podía dejarse de analizar el caso en un contexto holístico del
derecho, en armonía con los principios generales que rigen en materia previsional, la Constitución
Nacional, así como la Convención de los derechos del niño”.

Y enfatizaron que la Seguridad Social debe amparar no solo a los trabajadores, o a aquellos que
instituidos por la ley como derechohabientes poseen aptitud para adquirir el beneficio de pensión
ante la contingencia de la muerte, sino que además debe atender también a toda aquella persona que se halle frente a una situación que lo ponga en riesgo, afectando la calidad de vida, la salud o
la manutención, como sucede en este caso.


Asimismo, recordaron que la menor ha perdido a ambos progenitores, quedando a cargo de su
abuela, también fallecida, y finalmente bajo la guarda de su tío, quien impulsó la causa.

Al respecto, resaltaron que se coloca en la órbita del Estado Nacional la responsabilidad en la
redistribución de la riqueza y en ese contexto es que se dictan medidas que están orientadas a
proteger los intereses de la sociedad, siendo el Estado Nacional el encargado de implementar las
políticas públicas destinadas a lograr la equidad y solidaridad social que acompañen el crecimiento
de la economía nacional, y de esa manera favorecer a todos los sectores.


Por ello, estimaron que la solución más ajustada a derecho era la de revocar la sentencia de primera
instancia por no hallarse la menor entre los derechohabientes que enumera la ley vigente y
aplicable al caso pero, a fin de no vulnerar la integridad de la persona y en respeto al orden
constitucional que debe imperar en toda relación jurídica, le ordenaron a la ANSeS que arbitre los
medios necesarios para otorgarle a la menor una prestación similar a la que hubiese obtenido por
pensión y en la proporción que le hubiese correspondido, que no debe resultar inferior al haber
mínimo garantizado.

Acceda al fallo aquí.

 

 

Fuente: Erreius