Destacan qué deben probar las partes cuando se debate la prestación de servicios de carácter dependiente

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la demanda de una trabajadora que se había considerado despedida porque las demandadas negaron la existencia del vínculo al pedir regularizar su situación laboral.

Los miembros de la sala VII indicaron que, en estos casos, el trabajador debe acreditar la prestación de servicios, mas no que estos tuvieron carácter dependiente, ya que se invierte la carga de la prueba y será el pretendido empleador quien deba probar que se trata de una excepción a la regla general mencionada.

En el caso “Castro Natalia Analía c/ OPSM Investigación Social Consultoría y Servicios y otros s/ despido”, la trabajadora denunció haber ingresado a trabajar para las empresas, bajo relación de dependencia, el 5 de marzo de 2012, desarrollando tareas de encuestadora y que eran los demandados quienes daban las órdenes de trabajo y quienes abonaban su salario.

Relató que toda la relación laboral se dio en absoluta clandestinidad y que al ser intimados a regularizar la situación laboral, las empresas negaron la existencia de la misma, por lo que se consideró gravemente injuriada y despedida.

La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo contra las demandadas OPSM e IBOPE. Luego estas se agraviaron y adujeron que se realizó una errada valoración de las probanzas, ya que no se encontraba acreditada la prestación bajo relación de dependencia.

Las recurrentes cuestionaron los testimonios valorados por el juez de primera instancia. Pero los camaristas Néstor Rodríguez Brunengo y Graciela Carambia remarcaron que las impugnaciones “se basaron en transcripciones parciales y sesgadas de algunos pasajes de dichas declaraciones”. Para los jueces, “las argumentaciones vertidas por el apelante no son más que una afirmación subjetiva que no permiten advertir que se haya violado el proceso formativo de prueba de testigos”.

No trae a la consideración la prueba de que se haya violado el mencionado proceso de percepción del declarante ni que se haya quebrantado la necesaria concatenación del proceso lógico de inducción, de deducción, de comparación, de examen, a un análisis de comparaciones lógicas, para que su narración resulte fiel”, agregaron los jueces.

De ese análisis depende la verosimilitud del relato y no se observó, para los camaristas, que se haya mencionado siquiera tal inconducencia. En todo caso, destacaron que correspondía, a quien pretendía descalificarlo, demostrar la sinrazón de sus dichos, lo que el apelante no realiza en su memorial.

En ese andarivel, advirtieron que el juez de primera instancia “ha examinado detalladamente las declaraciones testimoniales, y les ha conferido -apropiadamente- plena fuerza convictiva, y que el análisis de las pruebas e impugnaciones por cuya valoración se agravia el apelante fue la correcta”.

Del cuestionamiento de que los testigos serían amigos de la actora y que con su declaración quisieron favorecerla, faltando a la verdad, entendieron que “no tenía argumento fáctico ni jurídico que avalen dicha postura, ya que no hay siquiera indicios de manifestado”.

En este contexto, compartieron el criterio que señala que “la sola comprobación de servicios prestados para un tercero permite presumir la existencia de las demás notas que caracterizan a un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba”. Así, será el pretendido empleador quien deba probar que los servicios de los que se trata constituyen una excepción a la regla general mencionada.

Por el contrario, de adoptar la postura pretendida por la accionada la norma contenida en el art. 23 LCT carecería de sentido, pues si el trabajador, además de probar la prestación de servicios, tendría que probar que los mismos eran dependientes, la norma no le produciría beneficio alguno, considerando lo dispuesto por los arts. 21 y 22 de la LCT”, explicaron.

Es decir, la pretensión de la demostración del carácter dependiente de los servicios resulta tautológica, pues siendo esta situación consecuencia de la estructura típica del contrato de trabajo, se advierte evidente que tal exigencia equivaldría a eliminar la presunción que contempla el artículo en cuestión.

De esta manera, entendieron que “la relación que ha unido a las partes (actora y OPSM Investigación Social Consultoría y Servicio S.A. y otro) ha sido de índole laboral, por lo que la contratación fraudulenta sin registración alguna resulta ser una injuria de gravedad tal que impide la prosecución del vínculo, por lo que el despido dispuesto por la trabajadora resulta ajustado a derecho”.

Por ello, confirmaron la decisión del fallo de primera instancia.

En el artículo “La “delgada línea” entre ser autónomo o dependiente”, publicado en Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la editorial Erreius, Guillermo J. Cerda López explicó que “la delimitación normativa de una relación contractual para considerarla ‘laboral’ es uno de los temas más debatidos en materia de derecho del trabajo”.

Y señaló que “la discusión teórica está atravesada por la realidad -en tanto y en cuanto-, para dar pautas clarificadoras de una relación de dependencia la ley de contrato de trabajo (en adelante, LCT) tiene principios, reglas y técnicas que orientan dicha búsqueda y entendimiento. Entre ellas, se encuentran: la definición de trabajo (art. 4), la de empresa y empresario (art. 5), el principio in dubio pro operario (art. 9), el fraude laboral (art. 14), la definición de contrato de trabajo (art. 21), relación de trabajo (art. 22) y la presunción acerca de la existencia del contrato de trabajo (art. 23)”.

El mercado productivo y comercial, las innovaciones tecnológicas, la necesidad de supervivencia humana, por un lado, la flexibilización laboral y la incansable batalla que el principio protectorio laboral da cada día, por otro, llevan a que los estrados tribunalicios permanentemente reciban reclamos de personas que pretenden que su actividad sea declarada en fraude a la ley laboral y, por ende, les sea reconocida su 'dependencia' a los fines de lograr la reparación económica de sus acciones ante los arremetimientos de quienes se benefician de ellos”, agregó.

Por otro lado, también existen innumerables casos en los que sucede lo contrario. Es decir, reclamos jurisdiccionales que buscan la declaración de que su medio de vida es, por definición, dependiente y en beneficio de otro, pero que no logran probarlo, o que de las propias pruebas surge prístinamente que su actividad, o prestación de servicios, no tiene la nota de dependencia, dato tan caro a la ley laboral.

El contrato de trabajo tiene ciertas características que permiten encuadrar a las relaciones contractuales dentro de la protección laboral, o dejarlas afuera. Así, conforme al artículo 23 de la LCT, si el actor prueba la prestación de servicios, directamente activa la presunción de ‘laboralidad’ en el contrato y pone en cabeza del demandado la prueba de que dicha situación es a causa de algún tipo de vínculo ‘no laboral’”, destacó el experto.

Esto es lo que la última parte del primer párrafo de la norma aludida expone como “salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que la motiven se demostrare lo contrario”; y la última parte del artículo refiere a que “por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.

Y concluyó señalando que “para el actor, es fundamental probar la dependencia. Dentro de ella, la subordinación en sus tres aspectos: jurídica -obediencia, poder disciplinario y jerarquía-, técnica -decisión acerca del cómo llevar a cabo la tarea- y económica -contraprestación pecuniaria a cambio de la tarea- requiere que sea acreditada”.

Fuente: Erreius