Frente a esos dichos, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, subrayó la importancia de "encontrar los mecanismos para que los empresarios y empresarias y sus trabajadores se pongan de acuerdo" en cuanto a la "vuelta al trabajo", en referencia al regreso a la presencialidad en el marco de la actual etapa de la pandemia de coronavirus. Y consideró que "la mayor parte de la población argentina entiende la importancia de la vacunación".

 

"La mayor parte de la población argentina entiende que la vacuna no es sólo para uno pero también por los demás", completó Todesca Bocco, y luego recordó que "más del 80% de mayores de 18 años" poseen la primer dosis y "20% del total de la población" ya tiene la segunda inoculación.

 

Por su parte, Mario Grinman, presidente de la CAC, manifestó su postura al afirmar que "si el Estado considera que las personas que no se vacunan son un riesgo para la comunidad en general, va a tener que actuar en consecuencia, pero eso es potestad del Estado, el empleador no tiene potestad si el empleado se presenta a su trabajo de impedirle trabajar, y menos aún de descontarle el salario, porque eso seguramente va a terminar en un litigio judicial y eso es muy malo para todos", expresó.

 

 

Segun trascendió en las últimas semanas, el Gobierno prepara una norma para darles cobertura a los empleadores frente a trabajadores que eligieran no vacunarse a pesar de estar en condiciones de hacerlo, mientras inocularse no sea obligatorio.

En la actualidad, rige la Resolución Conjunta 4/2021, del Ministerio de Trabajo y de Salud, (BO: 8.4.2021), que estipula que los trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo o sean personal de salud y "opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras".

Como ya se ha señalado oportunamente, no hace referencia concreta al resto del universo de los trabajadores y trabajadoras. Ello, según explicaron oficialmente, es porque se trata de un plan de vacunación nacional pero de carácter optativo.

 

El dictado de la nueva resolución quedó bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, que ya en abril se había pronunciado en una normativa conjunta con la cartera de Salud respecto de la vuelta a las tareas de los empleados de empresas privadas que tuviesen al menos la primera dosis de una vacuna.

De acuerdo a distintas versiones periodísticas, el texto estará inspirado en el principio de “buena fe” que consagra en su articulado la ley de Contrato de Trabajo. A nivel internacional la experiencia por ahora es dispar con algunos países de la Unión Europea y locaciones en Estados Unidos que les exigen a sus empleados públicos el certificado de vacunación.

El Gobierno pretende que la norma funcione como una guía para los empleadores que deban resolver los casos de dependientes que opten por no vacunarse pese a formar parte de los segmentos de la población alcanzados por el proceso de inmunización y las administraciones locales: tanto si el trabajador expusiera ese argumento para no presentarse a realizar sus tareas como si quisiera acudir a su puesto laboral y el empresario quisiese impedirlo por considerarlo un riesgo.