El Gobierno porteño deberá indemnizar a una paciente que se operó y contrajo un virus intrahospitalario

Imagen del articulo

Marcelo Segón, titular del Juzgado Nº 17 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en el caso “F. M. S. contra V.A. y otros sobre responsabilidad médica”, ordenó abonarle a la mujer la suma de $532.000 en concepto de daño material, daño moral, daño psíquico, gastos ocasionados y futuros.

El caso se remonta a septiembre de 2006, cuando la accionante padecía de una anomalía en su columna vertebral y fue operada mediante una cirugía de disectomía. Al poco tiempo, se contagió una infección intrahospitalaria que le trajo aparejada su discapacidad motora, producto del germen staphilococcus aureus contraído en ese nosocomio.

Antes de analizar los hechos, el juez recordó que “para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita deben reunirse los siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio; b) la actora debe haber sufrido un daño cierto; y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue”.

“El adecuado funcionamiento del sistema médico asistencial no se cumple tan solo con la yuxtaposición de agentes y medios, con su presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada momento y con relación a cada paciente”, indicó el juez.

“Ello es así, porque cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema, y un acto fallido en cualquiera de sus partes, sea en la medida que pudiere incidir en el restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo más difícil, más riesgoso o más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su contralor”, enfatizó.

En este punto, indicó que “no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de este, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas”.

Para este caso, el juez basó su decisión en el informe de la Dirección de Medicina Forense, que aseguró que a la paciente “se le practicó la cirugía indicada, ‘disectomía’, la cual evolucionó desfavorablemente en las siguientes dos semanas con el desarrollo de un proceso infeccioso, ‘espondilodiscitis’ por staphylococcus aureus, que ameritó tratamiento médico y quirúrgico”.

“Dicha complicación resultó posteriormente en un deterioro neurológico permanente a nivel lumbar, siendo determinante de una paraparesia espástica con hiperreflexia tendinosa que le condiciona una incapacidad de tipo motora, en asociación a dolor crónico de tipo neuropático”, agregó el informe.

Tras analizar las pruebas agregadas a la causa, el juez señaló que “la parte demandada no puede garantizar que el paciente no contraiga una infección dentro del nosocomio aun cuando se cumpla con las normas de asepsia. Sin embargo, … no lo exime de realizar todas las acciones de prevención y control a su alcance para minimizar el riesgo de infección”.

En ese aspecto, enfatizó que el hospital “debe actuar con la diligencia, pericia y prudencia que exige la naturaleza de la obligación de acuerdo con las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art. 512 del Código Civil)”.

“De tal modo, quien presta el servicio de salud debe cumplir con las normas -reglas, técnicas y procedimientos- sobre prevención y control de infecciones vigentes al momento en que ocurrió el hecho”, agregó.

Para Segón, “las acciones de prevención y control que tenía a su alcance para minimizar el riesgo de infección imponían, cuanto menos, que el baño prequirúrgico tenga lugar lo más cerca o a más tardar el día de la cirugía; esto es, al decir del informe pericial -no cuestionado en este aspecto- tratándose de una cirugía programada, requería para descolonizar la zona de la piel de gérmenes o bacterias y de ese modo minimizar el riesgo de infección, por cierto previsible, en la cirugía adoptar los mayores recaudos que tenía a su alcance para reducirla, lo cual no hizo”.

Sobre el desempeño del médico cirujano, el juez analizó si aquel omitió cumplir con la obligación de medios.

En este punto, el informe del forense indicó que “no surgen razones médicas que orienten a la presencia de una conducta omisiva; (partes quirúrgicos, estudios de imágenes practicados, interconsultas efectuadas, tratamientos médicos y quirúrgicos dispensados, etc.)”. De esta manera, desestimó la demanda contra el profesional.

Ricardo González Zund, en el artículo “Responsabilidad médica y sanatorial por el deficiente ejercicio del poder de policía y contralor”, indicó que “no podría hacerse responsable a cada Estado provincial por actitudes negligentes de los galenos que ejercen su profesión en sanatorios o clínicas privadas”.

“No obstante ello, ocurre que, cuando el Estado no hace lo que está obligado a hacer, es decir, verificar el cumplimiento de los recaudos formales y protocolos de salud exigidos para el funcionamiento de toda institución sanatorial, pero no controlando con la periodicidad debida esas normas o protocolos de salud, importará para el Fisco su responsabilidad por colaborar con la generación de los eventos dañosos”, agregó el especialista.

Resulta importante destacar lo reseñado por el Dr. Javier Barraza en la publicación Temas de Derecho Administrativo, quien realizó un relevamiento de la totalidad de los fallos del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario sobre responsabilidad del Estado por servicio hospitalario, y afirmó que “en lo relativo a infecciones hospitalarias, no representa una gran cantidad en el universo analizado. En el imaginario colectivo existe la creencia de que los hospitales públicos son lugares sin las debidas normas de higiene. Lo cierto es que la litigiosidad sobre este punto es muy baja. Así, el porcentaje es de 8,57%”.

Acceda al fallo aquí

Fuente: Erreius