Se ordena al GCBA otorgar una vivienda en comodato a una familia en situación de vulnerabilidad

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La resolución -confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I- se dio en el marco de ejecución de una sentencia de amparo presentado por la Sra. A., L., D., quien convive con el virus del VIH, se encuentra sin empleo, sin contención familiar y está a cargo de sus hijos -dos menores, uno de ellos con un retraso madurativo, trastorno del espectro autista, y ambos con asma bronquial- en un estado de pobreza crítica.

Antecedentes de la resolución

La actora, en representación de sus hijos y por derecho propio, había interpuesto un amparo habitacional, obteniendo una sentencia -de primera instancia y confirmada por la Cámara- que ordenaba garantizar al grupo familiar el contenido mínimo del derecho a la vivienda digna.

Frente al incumplimiento de la sentencia firme y habiendo transcurrido aproximadamente seis meses sin que la misma se haya cumplido, la actora denunció dicho incumplimiento. A raíz de la mencionada presentación, el juzgado de primera instancia dispuso como medida para mejor proveer la constatación de las condiciones del inmueble que habitaba la actora, corroborando que no se encontraban satisfechos los requisitos básicos habitacionales del grupo familiar.

En consecuencia, el magistrado intimó al GCBA para que, en el plazo de cinco días, realice una propuesta habitacional a la actora para hacer frente a la obligación de brindarle un alojamiento en condiciones adecuadas a la situación del grupo familiar. Frente a la falta de respuesta del GCBA, el juez ordenó la entrega de una vivienda bajo la figura del comodato social, decisión que fue apelada por la parte demandada, agraviándose en una supuesta violación del principio de división de poderes, pues el magistrado de grado estaría asumiendo una conducta propia del Poder Ejecutivo a la vez que dispone el destino de los bienes inmuebles del estado local y la afectación de recursos públicos.

Es decir, el GCBA alega que el juez fallo extra petita toda vez que la actora no había solicitado la entrega de un inmueble en comodato.

La decisión de la Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El tribunal, por mayoría, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado en cuanto ordenó al GCBA otorgar a la actora una vivienda en el plazo de quince días, bajo la figura del comodato social; para así decidir, entendió que “la manda judicial, al ordenar al Gobierno que formule una propuesta, no excluyó ninguna alternativa que resulte adecuada para el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno no ofreció ninguna solución razonable.

En este marco se dispuso la entrega de una vivienda bajo la figura del comodato social. El juez no resolvió extra petita, sino que -ante la evidencia de que el GCBA no cumplió con la condena- dispuso el modo de hacerla efectiva entre diversas alternativas plausibles”.

Asimismo, la Cámara manifestó que “el Gobierno no puede ampararse en el principio constitucional y convencional de la división del poder para evitar el cumplimiento de una sentencia que procura, justamente, garantizar derechos fundamentales”.

Afirma que “frente a la comprobada insuficiencia de las medidas arbitradas por la demandada, no se advierte que la decisión judicial tendiente al cumplimiento de la sentencia contravenga el principio de división de poderes. Más aún, podría considerarse que es la Administración quien, con su conducta, altera el equilibrio entre la rama ejecutiva y la judicial; y aun también afecta a la legislativa, en la medida en que la decisión del juez se apoya, entre otras fuentes, en las reglas jurídicas aprobadas por el legislador”.

Respecto del argumento de redistribución y afectación de recursos, el tribunal concluyó que en “rigor, la mayoría de las sentencias en las que se condena al Estado tienen una incidencia directa en el presupuesto. Nadie aduciría, sin embargo, que el juez se extralimita cuando le ordena al Gobierno abonar una indemnización por los daños y perjuicios por mala praxis en los hospitales públicos; proveer medicamentos o asistencia sanitaria a las personas; invalidar un crédito tributario reclamado por el Fisco; o condenar a la entrega de un subsidio habitacional”. Advierte que el matiz que ofrece el caso “es que se ha ordenado la entrega de una vivienda en comodato.

Ciertamente, no se trata de una medida habitual, pero ello no la hace, per se, ilegítima. En última instancia, lo que se ordena es que se destinen bienes o recursos a un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y ve frustrado el ejercicio de sus derechos más básicos.

Adviértase que, desde el momento en que se ordena al GCBA que dé alojamiento a la parte actora, se están afectando recursos públicos. Así pues, frente a la reticencia de la demandada, la resolución impugnada ha definido, con mayor precisión, el modo en que debe cumplirse el fallo anterior y definitivo. No se altera la sustancia de la sentencia de fondo. Simplemente, se especifica el modo en que debe ejecutarse y hacerse efectivo el mandato judicial ya firme”.

Concluyendo que “la medida fue adoptada solo luego de que fracasaran otras alternativas tendientes a dar cumplimiento a la sentencia. (…), la demandada no controvierte que existan inmuebles a los que pueda darse este destino. A partir de este postulado, la entrega en comodato de bienes ociosos se presenta como una opción razonable. Y (…) el grupo familiar destinatario se encuentra en una situación de grave vulnerabilidad”.

Acceda al fallo aquí.

Fuente: Erreius