Eventos cancelados por fuerza mayor y la devolución de las entradas

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El Gobierno nacional, las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron suspender la realización de espectáculos masivos para evitar la propagación del COVID-19 (coronavirus).

En ese sentido, muchas personas se vieron perjudicadas porque ya no podrán disfrutar del espectáculo para el cual habían sacado sus entradas y se preguntan si les devolverán el dinero. Esto se debe a que, en muchos tickets, figura en el reverso que la empresa no se hará responsable y no reintegrará el valor de la entrada “si por razones fortuitas o de fuerzas mayor el espectáculo se suspende”.

El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1730, indica que “se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este Código emplea los términos «caso fortuito» y «fuerza mayor» como sinónimos”.

Además, el artículo 1732 se refiere a la imposibilidad de cumplimiento y señala que “el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos.”.

Como principio general, si hay imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado (organizador), la obligación se extingue sin responsabilidad alguna del deudor.

En este caso, al tratarse de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de una decisión llevada a cabo por autoridades administrativas, de las cuales el organizador fue totalmente ajeno, estaría claro que se trata de una causa de fuerza mayor, pero, según explica el abogado Diego González Vila, este tipo de contrato se trata de un caso de consumo por lo que debe aplicarse la Ley 24.240 y debe analizarse si esas cláusulas limitativas de responsabilidad son válidas.

La Ley de Defensa del Consumidor indica que el espectador puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible, ó aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente ó rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado.

Además, el artículo 19 de la misma norma establece que: “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.”

Si los organizadores de un evento suspendido se niegan a devolverte el precio de la entrada, el damnificado puede hacer el reclamo en la Secretaría de Defensa del Consumidor del lugar donde debía realizarse el espectáculo. Además, del reclamo por el valor de la entrada, puede pedir que se multe a la empresa.

En el artículo “El contrato de espectáculo público como contrato de consumo”, publicado en Erreius on line, González Vila explica que “el contrato de espectáculo público fue definido como “aquel que se celebra entre el empresario de un espectáculo público (cine, teatro, conferencias, circos, juegos deportivos, etc.) y el espectador”.

Este tipo de contrato se encuadra dentro de la categoría de adhesión. Todas las condiciones son fijadas de antemano por el empresario, y al consumidor solo le queda la opción de aceptar o rechazar la oferta contractual, sin posibilidad de modificar su contenido.

“Es evidente que, en nuestros días, cualquier contrato de espectáculo público, conforme las características señaladas, engendra en sí mismo un contrato de consumo, en razón de que el proveedor realiza publicidad mediante oferta pública a personas (consumidores) indeterminadas y busca un rédito económico al comercializar con la obra; por ende, encuadra en las previsiones del artículo 2 de la Ley 24.240 de defensa del consumidor, mientras que el espectador es un consumidor en los términos del artículo 1 de la LDC, porque adquiere la entrada como destinatario final para beneficio propio o de su grupo social o familiar, generándose entre ambos una relación de consumo”, señala.

Conforme con ello, al tratarse de un contrato de consumo por adhesión, todas las especificaciones que se integren en la publicidad pasarán a formar parte del contrato una vez que el consumidor -quien puede exigir judicialmente su cumplimiento- adquiera la entrada”, indica.

En cuanto a la existencia de cláusulas de irresponsabilidad a favor del organizador, González Vila remarca que son nulas por ser cláusulas abusivas, en virtud de lo prescripto por el artículo 37, que establece que “Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños”, con lo cual se le brinda la posibilidad al consumidor de interponer una acción para que se declare la nulidad parcial del contrato.

Uno de los reclamos habituales que se da en la cancelación de espectáculos es que el reintegro del valor de la entrada no fue por el gasto total en el que incurrió sino que recibió solo una parte.

Esto se debe a que, en muchas oportunidades, el organizador contrata a un tercero para que comercialice las entradas (por ejemplo, una plataforma online) que cobra por el gasto de servicio (del 12% al 15% del valor del ticket, con variaciones relacionadas con el tipo de artista y espacio).

Además, en los “Términos y Condiciones” las expendedoras establecen que “si un evento es suspendido, cancelado o reprogramado debido a cualquier causa, incluso las que respondan a caso fortuito o fuerza mayor, no existirá derecho a efectuar reclamo alguno contra esta empresa”.

Fuente Erreius