Admiten cautelar contra la RG 4838/20 de la AFIP por considerar que avanza sobre el secreto profesional de los contadores

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El Juzgado Federal de Río Gallegos admitió una medida cautelar autónoma solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Cruz y suspendió los efectos de la Resolución 4838/20 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a sus matriculados.

En la causa "Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz c/Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva s/Medida Cautelar Autónoma", el juez federal subrogante Javier Leal de Ibarra consideró que “el Consejo exhibe un interés suficiente para accionar, que habilita al Tribunal a ingresar en el tratamiento cautelar peticionado, sin avanzar -más allá de lo necesario a estos fines- sobre el fondo de la controversia".

La RG 4838/20 de AFIP

La norma cuestionada fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de octubre de 2020 y establece el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales.

En concreto, dispone que “los contribuyentes y asesores fiscales tendrán la obligación de informar las planificaciones fiscales en las que intervengan, siendo esta una obligación concurrente”.

La RG 4838/20 señala que la información de las planificaciones fiscales llevadas adelante desde el 1 de enero de 2019 deberá suministrarse en lenguaje claro y preciso, para describir en forma detallada la planificación fiscal que se está informando y la manera en que resulta una ventaja fiscal o beneficio a favor de alguna de las partes comprendidas en la misma. Y agrega que la presentación se realizará a través de la página web de la AFIP, por el servicio “Régimen IPF” o por el intercambio de información basado en “WebService”.

En relación con el deber de informar, la resolución general indica que cuando el asesor fiscal se ampare en el secreto profesional deberá notificar al contribuyente de tal circunstancia, a través de la página web de la AFIP, ingresando al servicio “Régimen IPF”, a la opción “Secreto Fiscal”. No obstante, el contribuyente podrá relevarlo para el caso particular o permanente, a través del mismo servicio.

Y establece, entre otras cuestiones, que el cumplimiento de este régimen será requisito para registros implementados por la AFIP, para la obtención de certificados de crédito fiscal y/o constancias de situación impositiva y previsión, entre otras, y su incumplimiento provocará que los contribuyentes tengan una categoría de SIPER superior, como así también las sanciones previstas en la ley de procedimiento tributario.

El caso

En el expediente se presentaron Luis Palicio y Graciela Zuccotti, en su calidad de presidente y secretaria de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz, quienes sostuvieron que sus representados resultarían afectados directamente por la normativa RG 4838/20, en cuanto se encontraría comprometido el secreto profesional.

El período de duración de la medida cautelar solicitada fue hasta tanto se resolviera el reclamo administrativo interpuesto por su parte con fecha 10 de diciembre de 2020 o por el término de seis meses, lo que ocurriera primero.

Sostienen que la medida cautelar se orienta a suspender un acto administrativo de alcance general; que previamente fue impugnado en sede de la AFIP habiendo optado la Administración por encuadrarlo en el art. 7 del Decreto 618/97, que le confiere efectos inmediatos, con vigencia desde el día de su publicación en el BO.

Señalan también que, en su artículo 10, la norma resultaría de aplicación retroactiva, contradiciendo el principio general contenido en el art. 7 del CCCN, en cuanto impone la información de las planificaciones fiscales que hubieran sido implementadas desde el 01/01/2019.

De este modo, remite al texto de los artículos 3, 4 y 5 de la Resolución General, cuyos efectos pretenden suspender, en cuanto establece qué debe entenderse por “planificaciones fiscales nacionales, internacionales” y “ventaja fiscal”, cuya información obliga a los sujetos que enumera en su art. 6, afirmando que la misma reconoce una falla de origen, ya que no deriva de ley alguna que la autorice, resultando violatoria del secreto profesional, por lo que vulneraría el derecho a la intimidad de los contribuyentes, sin que medien circunstancias excepcionales que justifiquen la razonabilidad de su levantamiento y consecuente vulneración.

El Fisco respondió y señaló que “el deber de informar tiene por finalidad permitir que la Administración Tributaria pueda concentrar sus recursos con el objeto de evitar la evasión y la elusión que se estructuran a través de esquemas abusivos y/o agresivos de planificación fiscal, y que este no implica ningún gravamen tributario, ni modificación al régimen fiscal, ni repercute en el pago de impuestos, de allí que resulta esa Administración Federal el organismo competente para su dictado e implementación, siendo por ende una cuestión no justiciable”.

Y afirmó que el dictado de una medida cautelar de estas características “afectaría severamente la buena marcha de la administración, en cuanto se vería privada de llevar adelante las actividades de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, actividades que en nuestro país resultan directamente vinculadas con el ingreso completo, correcto y oportuno de los tributos”.

En esta línea, la AFIP agregó que el Consejo no poseía legitimación activa para peticionar la medida precautoria solicitada, por dos razones: la primera y fundamental, la naturaleza del derecho que pretende defender, que es de contenido formal, individual y no homogéneo; y, en segundo término, porque no surge de sus atribuciones legales que se encuentre legitimado para representar en juicio los intereses planteados en autos.

Luego fijó su posición destacando que “si el Fisco no estuviese facultado para acceder, en función del derecho a la intimidad de los responsables y de los terceros con los que se vinculen, a los antecedentes de las respectivas operaciones generadoras de los hechos imponibles, las consecuentes obligaciones tributarias que aquellos deben autodeterminar quedarían a su arbitrio, dada la imposibilidad de confronte y fiscalización por AFIP, es decir, se pondría en crisis el mismo concepto de 'obligación' y tarea de fiscalización que requiere fijar parámetros previos, precisamente para evitar su ineficacia y una indebida intromisión a la privacidad".

Por otra parte, alegó que si se tiene en consideración que el nuevo régimen de información de planificaciones fiscales incorpora una definición restringida de "asesor fiscal" a los fines de configurar la obligación de informar y que, además, le permite al asesor alcanzado ampararse en la prerrogativa del secreto profesional, cabe concluir que en la mayoría de los casos será el contribuyente el único sujeto obligado a informar la planificación fiscal, de allí que sostenga que el reclamo resulta absolutamente abstracto.

El fallo tuvo en cuenta que el Consejo pretendía proteger el secreto profesional como aspecto fundamental del ejercicio de la profesión que nuclea y la posibilidad de evitar que, frente a la transgresión del régimen de información implementado, sus matriculados incurran en infracciones o agravamientos de la ley tributaria, según sea el caso, cuestiones que hacen a las funciones que la ley de su creación le ha atribuido. Para el juez, la norma cuestionada importaba por sí misma una invasión en la información confidencial existente entre el asesor fiscal y su cliente.

El magistrado señaló que con esta decisión la AFIP no se vería afectada de cumplir sus funciones, ya que la ley le otorga "amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable".

"Con los sistemas de control e información que ya se encuentran en vigencia, y de los que derivan numerosas obligaciones sustanciales y formales de colaboración, no es posible sostener que suspender los efectos de la RG 4838, por un tiempo acotado y hasta que la misma Administración se expida en el trámite que sigue en su sede, atente contra una eficiente gestión tributaria, o se traduzca en una merma en la recaudación, toda vez que el mismo organismo fiscal ha admitido que en nada se vincula la norma con la creación o imposición de nuevos tributos", agregó Leal de Ibarra.

Por último, el juez remarcó que "los agravios relacionados con la vulneración del secreto profesional no aparecen suficientemente desvirtuados con este sistema que prevé una simple notificación al contribuyente y posterior incorporación en el sistema, pues esta mera actividad que ya no es privada sino que deberá ser incorporada al sitio web importa, por sí misma, una invasión en la información confidencial existente entre el asesor fiscal y su cliente".

Sobre la base de dichos argumentos, admitió el reclamo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Cruz y suspendió cautelarmente los efectos de la Resolución 4838/20 de la AFIP a sus matriculados, en cuanto estatuye el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales y dispone que los contribuyentes y asesores fiscales tienen la obligación de informarlas.

Fuente: Erreius