Expropiación: la indemnización se establece sobre el valor actual del bien

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó una sentencia que hizo lugar a una demanda por expropiación y destacó que la indemnización expropiatoria se establece sobre el valor actual del bien, aunque fuere diferente de aquel existente a la época de la desposesión.

En el caso "Loggia, María y ot. c/Dirección Provincial de Hidráulica y ot. s/Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", el máximo tribunal modificó la sentencia apelada en torno a los intereses, fijándose un interés puro del 6% anual respecto al crédito indemnizatorio desde la fecha de desposesión (fijada en el mes de febrero de 2003) hasta la fijación del valor de la porción expropiada.

En concreto, el proceso fue iniciado por la demandante con objeto de obtener una indemnización por la porción de tierra que le fuera expropiada en el mes de febrero de 2003 de su campo en el partido de General Viamonte.

En la sentencia de primera instancia, el magistrado interviniente resolvió fijar el monto a valores al momento del dictado de la sentencia.

El expropiante apeló esa decisión, pero la Cámara la confirmó expresando que correspondía hacer una interpretación evolutiva de las normas en juego y citó diversos precedentes de la Suprema Corte provincial.

Además, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás modificó la tasa de interés que debía aplicarse sobre el monto de la indemnización, ordenando que se aplique la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación.

Para así decidir, indicó que asiste razón a la actora, en cuanto sostuvo que el monto fijado como indemnización de $457.376,40 era producto de un error aritmético, elevando esa suma a $571.594,20. Entendió que se trataba de un mero error de cálculo y ordenó modificar el monto por el cual debería prosperar ese rubro.

Este punto no fue objeto de cuestionamiento por parte del Fisco, no obstante a que los magistrados del máximo tribunal provincial advirtieran que la operación aritmética efectuada por la Cámara adolece de un grosero error y que, en cambio, es acertada la que realizó el Juez de Primera Instancia en su sentencia.

Con relación a la indemnización, la Cámara indicó que ella debía restituir al propietario el mismo valor económico del que se vio privado por la expropiación y que debía liberar al expropiado de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, de modo de no empobrecerlo ni enriquecerlo, debiendo ser justa, lo que incluye las características de ser actual e integral, y agregó que no debe el propietario sufrir lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna reparación.

Además señaló que la indemnización debió ser previa, pagándose antes de que la propiedad se transfiera al expropiante, con lo que confirmó la fijación del valor tierra con criterio de actualidad.

También desestimó el agravio referente a la utilización del valor de la unidad en moneda extranjera.

Esta sentencia fue impugnada por el expropiante mediante el recurso de inaplicabilidad de ley, en la que denunció la violación del art. 8 de la ley 5.708, alegando que a mérito de tal norma el valor del bien debe ser fijado al momento de la desposesión.

La apelante señala que cuando la ley se refiere al valor del bien al momento de la desposesión, lo hace respetando preceptos constitucionales y legales, pues es en el instante en que se consumó la desposesión cuando el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario -justa indemnización- del bien del que se lo ha privado en función del interés público; valor que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada.

Al analizar la causa, los jueces del máximo tribunal provincial coincidieron al señalar que “la indemnización debe ser justa, es decir, no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado ni puede disminuir tampoco su patrimonio, y constituye, en el concepto constitucional y en el de la normativa legal específica, un valor equivalente al que en economía se designa como 'valor de cambio', puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado. El Estado cancela su deuda solamente cuando paga una suma de dinero cuyo valor real y adquisitivo equivale, en ese momento, al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de moneda, sino en reparar un valor patrimonial”.

Y agregaron que “la determinación de la indemnización a la época de la desposesión generaría, según una interpretación estricta del art. 8 de la ley 5.708, un trato desigual con aquellos casos de expropiación directa en los que el Fisco no requiere la posesión de la cosa a expropiar, lo que torna imposible referir a valores de una desposesión inexistente y obliga a que tales valores se fijen a un momento temporal más cercano al fallo definitivo”.

En este caso, la mora en el pago en que incurrió el Estado, al no cumplir la exigencia constitucional de que la indemnización debe ser previa al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir su fundamental deber.

De esta manera, entendieron que “el monto indemnizatorio debe apreciarse con criterio de actualidad. Esos datos de la realidad se contrastan con la pretensión de la Fiscalía de Estado de resarcir a la expropiada con un valor distinto al de la fecha de reposición con argumentos en torno a la indexación prohibida y la violación de los arts. 8 y 9 de la ley de expropiaciones”.

Si bien la indemnización en la expropiación no debe exceder la suma estimada por el interesado, este principio no es de aplicación cuando tal estimación ha sido efectuada en forma provisional, agregaron los magistrados. Y ello es lo que, para los jueces, aconteció en este caso, en donde la expropiada lo dejó librado "a lo que en más o en menos surja de la prueba a producir en la estación procesal correspondiente y/o el elevado criterio de VS".

La indemnización expropiatoria puede establecer un valor actual del bien, aunque fuere diferente de aquel existente a la época de la desposesión, concluyeron.

Luego los jueces analizaron la tasa de interés aplicable al caso.

El Tribunal de Alzada, al tratar el agravio que planteara el Fisco en su recurso de apelación respecto de la forma en que se fijaron los intereses, recordó que, en otros precedentes, sostuvo que los intereses adeudados debían calcularse según la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación.

Para la recurrente, la aplicación de intereses desde la fecha de la desposesión sobre el valor indemnizatorio actual supone una doble indemnización. Para ello señaló que la contradicción de fondo se configura, puesto que si los intereses están pensados para paliar la privación de uso porque (y, se agrega: siempre que) el valor de la tierra se fija a la época de la desposesión, la fijación del valor a la fecha actual, a los efectos de que el actor pueda "adquirir otro bien similar", cumple con la misma función, con lo que se están superponiendo las reparaciones. Sostuvo que habría de ese modo una doble indemnización por el mismo concepto, lo que evidentemente constituye un desvío de la lógica y un claro enriquecimiento incausado.

En este punto, por mayoría, la Suprema Corte bonaerense entendió que la fijación del monto expropiatorio al momento de la sentencia exige adecuar el cómputo de intereses, a fin de evitar un resultado desproporcionado que excedería la razonable expectativa de conservación patrimonial.

En tales casos,  al ser la indemnización estimada a valores actuales, se concluyó que resultaba congruente liquidar los intereses devengados hasta ese momento, aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes.

En su momento, el así denominado interés puro fue establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un 6% anual. La Suprema Corte de Justicia provincial, en una primera etapa, lo determinó en el 8% por igual período, pero luego se plegó a la señalada alícuota de un 6% anual.

El cálculo del crédito a valores actuales, pese a no identificarse con las operaciones estrictamente indexatorias, se asemeja a ellas en cuanto evidencia una respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios, como los derivados de las altas tasas de inflación experimentadas a partir de la pasada década, sobre todo al promediar su segunda mitad”, explicó el voto del juez Soria, al que adhirió la mayoría en este punto.

Así, fijaron un interés puro del 6% anual al crédito indemnizatorio desde la fecha de desposesión (fijada en el mes de febrero de 2003) hasta la fijación del valor de la porción expropiada, y de allí en adelante indicaron que resultará aplicable la tasa de interés (pasiva) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, la que debe computarse en los créditos judicialmente reconocidos.

Fuente: Erreius