Rechazan amparo contra la Ley de Vacunación Obligatoria y la vacuna contra el COVID-19

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La sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el rechazo de una acción de amparo interpuesta contra el Estado Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación para que se declaren inaplicables a los actores la Ley de Vacunación Obligatoria 27.491 y toda otra similar con el mismo propósito, tanto nacional como local; y que no se los obligue a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

En el caso “Morán, María del Carmen y otros c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ Amparo Ley 16.986”, el juez de primera instancia rechazó in limine la acción interpuesta, ya que consideró que “lo pretendido por los actores en el caso  parecería ser una declaración de inconstitucionalidad genérica. Y, en relación a la vacuna contra el COVID-19, que si bien el Congreso sancionó una ley de vacunas  destinadas  a  generar  inmunidad  adquirida  contra  dicha  enfermedad  (ley 27.573), esta no hace referencia alguna a la supuesta obligatoriedad de su aplicación”.

En resumen, sostuvo que los actores no individualizaron el acto lesivo ni precisaron la omisión por parte del Estado que lesione de manera actual o inminente alguno de sus derechos fundamentales. Y que, en definitiva, lo que se pretende, desde su punto de vista, es  que  se  juzgue  la  oportunidad,  mérito  y  conveniencia  relativos a  la protección de la salud de la población, cuestiones ajenas al Poder Judicial.

Así, además de rechazar la medida precautoria planteada, impuso las costas a la accionante.

Contra  la  referida  resolución,  la actora interpuso  un recurso  de apelación y recusó con causa al juez de primera instancia, ya que entendió que había incurrido en prejuzgamiento.

Expresó los siguientes agravios:

a) la  situación planteada resulta concreta, en tanto el PEN ha venido poniendo de manifiesto su voluntad con relación a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 como única solución a la pandemia decretada;

b) si bien no se declaró de manera explícita su obligatoriedad, se ha ido obligando a partes de la población a vacunarse; y

c) pese a que no se han producido hasta el momento actos lesivos concretos, los mismos son inminentes.

El Fiscal  General propició el rechazo del recurso y la confirmación de la resolución impugnada.

Los camaristas Pablo A. Candisano Mera y Roberto Amabile explicaron que “el objeto directo de la acción de amparo y de la pretensión en ella perseguida debe radicar en una actuación concretizada o en una conducta omisiva que, con actualidad o inminencia, lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado  o  una  ley”.

De  allí  que,  para  la  procedencia  del  amparo,  la  cuestión constitucional deba necesariamente relacionarse con un proceder o una omisión, ya provenga de autoridad pública o de particulares, fundada en normativas específicas”, agregaron.

No obstante, en el caso concreto, los jueces entendieron que los accionantes no individualizaron el acto lesivo que les causó un perjuicio concreto, a los fines de habilitar la procedencia de la vía solicitada.

La accionante no explica de qué manera la vigencia de la ley 27.491 afecta los derechos diferenciados de cada uno de los actores, a la vida, la salud o la integridad física”, enfatizaron los magistrados.

Tampoco  advirtieron la inminencia  del  acto  a  la  que  alude  la recurrente y remarcaron que no era suficiente ­como evidencia fáctica de un peligro real­ la alegada manifestación de voluntad del PEN con relación a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-­19, y que, de momento, ello resultaba una conjetura hipotética.

“La actora se limita a invocar un perjuicio que aparece como remoto o presunto, al fundarse en los eventuales daños que le irrogaría la aplicación de la norma cuestionada, en el hipotético caso que el PEN resuelva incluir la vacuna contra el COVID­-19 en el Calendario Nacional de Vacunación”, dijeron los camaristas.

Y, en esa misma línea, recordaron la doctrina de la Corte Suprema acerca de los “casos justiciables” que habilitan el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales.

Señalaron que, en términos del Alto Tribunal, “esta condición se configura cuando concurren dos recaudos: por una parte, debe tratarse de una controversia  que  persigue  la  determinación  del  derecho  debatido  entre  partes adversas, fundado en un interés específico, directo o inmediato atribuible al litigante; por otra, la causa no debe ser abstracta en el sentido de tratarse de un planteo prematuro  o  que  hubiera  devenido  insustancial”.

En este orden de ideas, ante la ausencia de un interés jurídico lesionado  o  de  inminente  lesión,  señalaron que el  planteo  de  los  actores  se convertía “en una  petición abstracta y general, que no solo inhabilitaba la vía intentada ­por inexistencia de acto lesivo­, sino que impedía asimismo su reconducción por no configurar un caso contencioso”.

Sobre tales premisas, consideraron que la solución arribada en primera instancia se ajustaba a derecho, por lo que rechazaron el recurso de apelación interpuesto y confirmaron la resolución de primera instancia.

 

 

Fuente: Erreius