Rechazan cautelar contra los aumentos anuales de la matrícula y el bono de derecho fijo de abogados de la Capital Federal

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 rechazó una medida cautelar solicitada por un abogado para que se suspendan los aumentos anuales de la matrícula y el bono de derecho fijo, que habían sido aprobados por resolución del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

En este caso, el actor, por derecho propio y en su carácter de abogado en ejercicio de la profesión, promovió una medida de no innovar contra el CPACF, a fin de que se suspendan los efectos de la resolución del Consejo Directivo de fecha 13/08/2020, la cual implicó: “a) aprobar el monto de la Matrícula anual para el período comprendido entre el 1º de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021 en la suma de $8.000; b) aprobar el monto del Bono de Derecho Fijo en la suma de $300 hasta el 31 de enero de 2021 y en la suma de $380,00 desde el 1º de febrero de 2021 en adelante” hasta tanto se realice una asamblea de delegados compuesta por miembros elegidos en debida forma.

Relató que los mandatos electorales de las actuales autoridades del CPACF se encuentran vencidos y que, en consecuencia, la mencionada resolución se encontraría pendiente de ratificación por la asamblea, tal como lo reconocen -según la parte actora- los mismos consejeros que votaron la resolución atacada, ya que “bajo ningún concepto puede el Consejo Directivo prorrogar los mandatos de los demás órganos y arrogarse funciones de la Asamblea con la excusa de la cuarentena”.

Aclaró que no se opone a que el CPACF prorrogue el presupuesto del período 2019/2020, sino al aumento del 60% que se pretende imponer sin resolución de la asamblea de representantes tal como determina la ley 23.187”.

Para fundamentar su petición, señaló que el Consejo Directivo está tomando decisiones que exceden largamente las facultades que le ha otorgado la Ley 23.187, aun aplicando el artículo 38 del referido plexo legal.

En cuanto a la imposibilidad de reunión de la Asamblea por la cantidad de miembros que la componen, expuso que no consta que se hayan hecho consultas con los bloques que componen la asamblea o realizado algún tipo de consulta técnica.

Como consecuencia de todo ello, adujo que el Consejo Directivo debió haber extendido el presupuesto 2019/2020 para el período 2020/2021, hasta tanto se pudieran realizar las elecciones y se integrara la Asamblea de Delegados de acuerdo a la voluntad del padrón de matriculados.

Al analizar el expediente, el juez federal Walter Lara Correa indicó que en “toda medida cautelar la investigación sobre el derecho que se postula se limita a un juicio de probabilidad y verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia del derecho parezca verosímil. El resultado de esta sumaria cognición sobre la existencia del derecho tiene, en todos los casos, valor no de una declaración de certeza sino de hipótesis y solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá verificar si la hipótesis corresponde a la realidad”.

Luego explicó que “la finalidad de las medidas cautelares, en general, radica en evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la eventualidad de que se dicte una sentencia favorable. Es decir, se trata de sortear la posible frustración de los derechos de las partes a fin de que no resulten insustanciales los pronunciamientos que den término al litigio”.

Con relación a la procedencia de medidas cautelares suspensivas contra el CPACF, precisó que el sujeto demandado “es una entidad destinada a cumplir fines públicos que originalmente pertenecen al Estado, que, este por delegación circunstanciada normativamente, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal, como auxiliares de la administración de justicia”.

En este orden de ideas, remarcó que el CPACF “ejerce facultades que prima facie pueden tener encuadramiento en el marco de las relaciones del derecho público que cumple dicha entidad, máxime teniendo en cuenta los objetivos de carácter público que cumple la demandada”.

En este sentido, indicó que “es posible calificarla como ‘corporación’, de modo que su condición legal es la de persona jurídica pública no estatal”.

En virtud de ello, señaló que los actos de los entes públicos no estatales, “en principio no son actos administrativos. Pero por cierto, cabe hacer una salvedad muy importante. Si se trata del ejercicio de una función administrativa, es evidente que el acto importe tal desenvolvimiento debe sí ser considerado como un acto jurídico administrativo (…) sustancialmente son actos administrativos, [y como consecuencia de ello] el procedimiento de formación de esos actos administrativos, va a ser aplicable supletoriamente la Ley 19.549”.

Razón por lo cual consideró que “la medida solicitada requiere que se acredite, la arbitrariedad del acto recurrido. Esto es así por la presunción de legitimidad de la cual goza un acto como el aquí cuestionado, lo que da sustento a su fuerza ejecutoria”.

En esta inteligencia, es menester indicar que dado el principio de legitimidad que emana de toda actuación administrativa, una de las consecuencias obligadas de ello es que ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y, sobre todo, probarla”, enfatizó.

Así, señaló que el artículo 35 de la Ley Nº 23.187 dispone que “es competencia del Consejo Directivo: 'Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de Delegados la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así como el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el siguiente ejercicio'”.

Asimismo, la referida norma establece que “el Consejo Directivo se reunirá como mínimo una (1) vez por mes y cada vez que sea convocado por el presidente o lo solicite la mayoría de sus miembros. Sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes. El presidente solo tendrá voto en caso de empate. El Consejo Directivo decidirá en sus reuniones toda cuestión que le sea sometida por los matriculados, por los otros órganos del Colegio o por los poderes públicos o entidades gremiales afines y que por esta ley o el reglamento interno del Colegio, sean de su competencia. También resolverá sobre toda cuestión urgente que sea de materia de la Asamblea de Delegados, sujeta a la aprobación de la misma. Dichas resoluciones deberán adoptarse por el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes”.

Por otra parte, el mencionado cuerpo normativo prescribe que “es de competencia de la Asamblea de Delegados: Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, a los fines de tratar el siguiente temario: memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de recursos; informes anuales del Consejo Directivo (…) y fijar el monto de la cuota anual que deban pagar los matriculados y sus modificaciones”.

El juez destacó que no se advertiría -prima facie- arbitrariedad en el accionar del demandado y que, en principio, el acto atacado se encuadraría en lo previsto dentro de las competencias del Consejo Directivo del CPACF, habida cuenta de que "la propia ley de creación del CPACF otorga la facultad a dicho órgano a tomar decisiones de materia de la Asamblea de delegados, con relación a cuestiones urgentes”.

De la prueba documental aportada se desprendía que el acto que dispuso el monto de cuota anual y el valor del bono de derecho fijo -prima facie- fue aprobado luego de elaborarse un dictamen de comisión de presupuesto, haber sido debatida la medida entre los consejeros del órgano y, ulteriormente haberse puesto a votación la moción y resultar aprobada por la mayoría especial necesaria a tal efecto.

De esta manera, la supuesta ilegalidad no surgía de manera fehaciente, al haber sido debatida por los y las consejeros/as del Consejo Directivo, miembros que son elegidos mediante el voto directo de los matriculados y representan a los distintos espacios partidarios del colegio, por lo cual, en principio, la medida resultaría el producto del debate y el consenso democráticos de los distintos sectores partidarios que conforman al CPACF.

Por otro lado, también desestimó la tesis del actor, respecto a la prórroga de los mandatos, dado que determinar en esta etapa si los mandatos de los miembros del Consejo Directivo se encontraban vencidos y que no se encontraban facultados para ser prorrogados por las circunstancia de público conocimiento respecto de la emergencia sanitaria COVID-19, importaba realizar una tarea que excede el proceso precautorio.

No se encuentra acreditada la verosimilitud de la ilegitimidad planteada, requisito que -al igual que la verosimilitud en el derecho- resulta necesario para la procedencia de este tipo de medidas. En consecuencia, no advirtiéndose -dentro del limitado marco de conocimiento que se admite en este tipo de medidas- arbitrariedad en el accionar del CPACF, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada y considerar prima facie ajustado a derecho el accionar del demandado”, dijo el juez Walter Lara Correa al justificar el rechazo de la medida cautelar.

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Fuente: Erreius