Ordenan renovarle la licencia de conducir pese a tener multas de tránsito impagas

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El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 10 de La Plata hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por una mujer contra la Municipalidad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires, declaró inconstitucional el inciso de un artículo que estipulaba que para renovar la licencia de conducir era necesario obtener el certificado de libre deuda de infracciones de tránsito.

En el caso "Salinas, Graciela c/ Municipalidad de La Plata y otro/a s/ amparo", la jueza Silvana Cairo le ordenó a los demandados continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir de la accionante sin requerir el pago total de las multas.

La mujer narró que a principios del mes de enero de este año comenzó con los trámites a fin de poder renovar su licencia de conducir; entre ellos el "libre deuda" solicitado por la Municipalidad.

Agregó que previo a realizarse los exámenes correspondientes, figuraron en el sistema de la comuna infracciones de tránsito generadas por el vehículo, el cual se encuentra en posesión de su ex marido.

Sostuvo que presentó una nota para lograr la renovación y que ante el silencio de la Administración el trámite se debe entender denegado.

Luego de hacer referencia a la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta derivada de abonar multas que no le corresponden, indicó que es una persona mayor que utiliza el auto como medio de transporte para visitar a su familia, llevar a sus miembros a distintos lugares y asistir a los menesteres de la casa.

Señaló que la negación a renovar el carnet resulta compatible con el delito de retención indebida de documento público, enfatizando que las multas corren su cauce por el trámite de la ejecución (dado que el Estado posee los juicios de apremio), por lo que no pueden ser un obstáculo para la renovación.

Para finalizar, solicitó se decrete la inconstitucionalidad del decreto provincial 53/2009 en tanto exige en su artículo 10 (apartado 3 del anexo III) poseer un "libre deudas", desde que -según su postura- ello viola garantías constitucionales tales como la defensa en juicio, la división de poderes, el derecho de propiedad, la razonabilidad, la proporcionalidad y el derecho a circular libremente; agregando que la existencia de multas no es un indicio de que la persona no es apta para conducir, máxime cuando la ley nacional solo se refiere a la existencia de inhabilitación.

Se presentó la Sra. Graciela Salinas -por derecho propio- e interpuso acción de amparo contra la Municipalidad de La Plata, la Provincia de Buenos Aires y/o quien corresponda.

La Fiscalía de Estado provincial sostuvo que la vía procesal del amparo no resultaba procedente porque no se verifican -según indicó- los presupuestos de admisibilidad. Afirmó que la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial obró de acuerdo a las normas que rigen su accionar, no pudiendo endilgársele responsabilidad alguna.

Respecto del planteo constitucional, mencionó que la normativa cuestionada posee un sólido basamento legal, destacando que mediante ley nacional 26.353 se ratificó el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscripto el 15/08/07 entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual ya había sido previamente ratificado por Decreto PEN Nº 1232/07.

Añadió que dicho Pacto Federal establece en su cláusula tercera, párrafo tercero, inciso c) que: “…las partes firmantes no darán curso a las solicitudes de Licencias de Conductor efectuadas a las autoridades emisoras de su jurisdicción, sean de carácter originario o por renovación, en los siguientes casos… c) Encontrarse pendientes de íntegro cumplimiento las penalidades firmes aplicadas en cualquier jurisdicción, independientemente del carácter, naturaleza o cantidad de las sanciones impuestas...".

El municipio, en tanto, se refirió a la inexistencia de violación o amenaza de algún derecho o interés reconocido por la Constitución, argumentando que el determinar clara y específicamente los derechos vulnerados por el actuar de la administración y no en meras formulaciones, resulta un requisito de admisibilidad del amparo, cuya ausencia no debería tener otra consecuencia que el rechazo de la acción; lo que así peticionó.

Al analizar el expediente, la jueza explicó que la controversia gira en torno a dos puntos centrales: a) la admisibilidad de la acción de amparo como vía procesal idónea para encauzar la pretensión actoral y b) la constitucionalidad del requisito de contar previamente con un "libre deuda" para lograr la renovación de la licencia de conducir, exigido por el inc. 3 del art. 10 del decreto 532/09 -reglamentario de la Ley 13.927- (arts. 330 inc. 4, 354 inc. 1 del CPCC).

Tras considerar que la vía elegida (acción de amparo) era idónea, recordó un antecedente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, en la que se enunciaron los fundamentos de la censura en cuanto al requisito previo del "libre deuda", que se sostienen en un doble orden de razones.

“Por un lado, no puede perderse de vista el referido a la grada jerárquica de la norma descalificada -art. 10 inc. 3 del Anexo II del Decreto 532/09 de ejecución de la Ley 13.927- que trasunta el exceso reglamentario incurrido al establecer una exigencia imprevista en la preceptiva legal, trasvasando así el principio de supremacía jurídica (arts. 31 y 99 inc. 2 de la Const. Nac. y 57 y 144 inc. 2 de la Const. Pcial)”, indicó.

“Del otro, en la propia condición para obtener la licencia, consistente en una circunstancia -tener el libre deuda de infracciones de tránsito- que no se ajusta a la finalidad esgrimida por las demandadas -esto es, seguridad vial y eventual aptitud para conducir- para dotarla de cobertura jurídica. En otras palabras, ella no encuentra sustento en la preceptiva reglamentada, quebrándose así la proporción que ha de guardar una restricción con el propósito que la justifique y el espíritu que la informe y, por ende, incurriendo en desvío por irrazonabilidad (art. 28 CN)”.

Más aún, la problemática se ve agudizada al consignarse que la veda a la tramitación y consecuente obtención de la licencia se produce por el sólo hecho de existir el registro de la deuda insatisfecha por infracción de tránsito en cabeza de la reclamante, sin siquiera determinarse si de la supuesta falta y consecuente sanción pecuniaria ha tomado conocimiento el interesado, o bien si se ha sustanciado el procedimiento exigido a esos fines y, en su caso, si se ha dictado sentencia y ha sido notificada al infractor; sobremanera cuando en la especie la amparista especificó que el rodado "infractor" se encuentra en poder de su ex marido (art. 384 del CPCC).

Tal imprecisión y generalidad de la norma que, ante el mero dato de la pendencia de pago, obsta al trámite de la renovación o concesión de la licencia de conducir, revela un propósito que difiere notoriamente del que se predica por las demandadas, relativo a la salvaguarda de la seguridad vial, pues además de lo expuesto, no se advierte de qué modo ese bien quedaría a resguardo por el sólo hecho de haberse abonado la deuda sin más.

Para la magistrada, resultaba “irrazonable la necesidad de regularizar el pago de multas impuestas por infracciones de tránsito” y remarcó que esa postura “también fue sostenida por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos al confirmar una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la exigencia de libre deuda de tasas o multas municipales para renovar el carnet de conducir manifestó.

“Se hizo hincapié asimismo en que la exigencia aparece desproporcionada y en nada ayuda respecto de la seguridad del tránsito vehicular; ni garantiza una mejor aptitud del eventual conductor del rodado ya que aun cuando se abonen los conceptos supuestamente adeudados, ello no convierte al requirente de la licencia de forma automática en un prudente y habilidoso conductor” concluyó.

Por todo ello, la jueza declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del Decreto 532/09 de ejecución de la Ley 13.927, hizo lugar a la acción de amparo contra la Municipalidad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires y le ordenó a las demandadas que, dentro del plazo de cinco días de quedar firme la resolución, continúen con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir sin requerir la previa obtención de un "libre deuda".

En el artículo “Libre deuda de infracciones de tránsito y licencia de conducir. Miradas encontradas sobre la razonabilidad del requisito en Ciudad y provincia de Buenos Aires”, publicado en Temas de Derecho Administrativo, Carolina Fairstein y Cecilia Repetto señalaron que “la exigencia de presentar libre deuda de multas e infracciones de tránsito, como condición para la obtención o renovación de licencias de conducir, viene siendo cuestionada mediante acciones de amparo en diferentes jurisdicciones del país”.

“En la provincia de Buenos Aires, se ha presentado un número considerable de casos; en ellos se ha declarado invariablemente la inconstitucionalidad del requisito, y se lo ha hecho apelando a argumentos muy similares, con una notoria prescindencia de las particularidades de los hechos articulados en cada demanda”, agregaron las especialistas.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, destacaron que “la cantidad de precedentes identificados es más reducida, los tribunales han optado por rechazar los cuestionamientos formulados al requisito, avalando su exigencia, pero siempre para el caso concreto”.

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Fuente: Erreius